Ante la falta de Justicia, que afecta la memoriae impide la verdad sobre el Genocidio argentino,construyamos un Cabildo Popular contra la Impunidad

La decisión de la Cámara de Casación de ordenar la liberación de un grupo de genocidas «significativos» por su rol en crímenes horrorosos, accionar en la Esma o porque llegaron a ser ungidos Juez Federal de la Nación, con la excusa del supuesto «excesivo» tiempo de detención preventiva a la espera de los juicios, no solo fue perversa y cómplice de la impunidad, también reveló un «iceberg» de impunidad que se mantenía oculto tras la imagen del país de los derechos humanos que construyeron los grandes medios sobre la base de algunos gestos humanistas del ex presidente Néstor Kirchner.

Como en el juego del gran bonete, comenzó una disputa entre los tres poderes  estatales que se acusan uno a otro de las demoras confirmando que los tres están en mora con la celeridad de los juicios o para decirlo de un modo mas riguroso se muestran comprometidos con una forma de justicia que por lenta no es justicia y por ende deriva en una forma nueva de impunidad

Se confirma así que la impunidad es intrínseca al capitalismo y que la verdad, la memoria y la justicia que tenemos es la que pudo conquistar el movimiento popular por sus propios medios: desde la resistencia en los centros clandestinos y las cárceles y el heroísmo de quienes actuaban contra la represión en los «años del lobo» siguiendo por la resistencia a todas las maniobras ensayadas hasta aquí: la auto amnistía, las leyes de Punto Final y del Olvido, la amnistía y la obstinada negativa de juzgar a todos los responsables del Genocidio,

Todos quiere decir también los políticos, comunicadores, empresarios, intelectuales y gobiernos extranjeros como el de los EE.UU. que fueron parte del plan de exterminio y beneficiarios del modelo neoliberal instalado sobre la sangre derramada.

Por el contrario, el debate entre los tres poderes confirma que la estrategia oculta es lograr «juicios significativos, o paradigmáticos» que con algunos pocos casos construyan una imagen de justicia que sería una ficción de justicia, como alguna vez advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre quienes no investigan con animo de condena.  Para nosotros la ficción de justicia es otra forma de impunidad.  Como dijimos hace algunos años: el nuevo rostro de la impunidad es la Justicia, o mejor dicho, la ficción de Justicia que construyen desde la Justicia, el Poder Ejecutivo y el Legislativo..

Esto no es nuevo, es la política de derechos humanos que han tenido todos los gobiernos de porte progresista desde el 83 a la fecha. El problema para todos ellos, es que ni esa ficción de justicia le admitió, le admite ni le admitirá la derecha que los bloquea en sus tímidos intentos de juzgar algunos represores y genera la crisis que hoy estalla ante los ojos de todos.   Sin derrotarla con contundencia no habrà ni verdad, ni memoria ni Justicia.

Luego de la crisis de dominación del peronismo menemista y del «progresismo» de la Alianza entre el Frepaso y los radicales, la impunidad se refugió en la Justicia y desde allí ha resistido con una estrategia que podría llevar el nombre del miserable Pinochet que consiguió morir sin condena, acusado, encausado, pero sin condena judicial.

En estos días, tanto la Procuración General de la Nación como la Corte Suprema de la Nación, han confirmado casi todas las denuncias que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y muchos otros organismos de derechos humanos, expertos en derechos humanos y hasta Jueces, han denunciado en estos cinco años de «reapertura» de los Juicios contra el Terrorismo de Estado y supuesta primavera de los derechos humanos.

Las cifras que han confirmado nos eximen de cualquier comentario: los condenados rondan los cuarenta en un país donde se ha reconocido que el Estado consumó crímenes de lesa humanidad, funcionaron más de quinientos centros clandestinos, desaparecieron treinta mil compañeros y más de cien mil fueron presos y torturados. Denunciamos que está en marcha un Operativo Excarcelación que pretende liberar a más de cien represores por la aplicación dogmática del fallo Díaz Bessone dado que los torturaores, apropiadores de niños, violadores de mujeres, fusiladores de adolescentes, secuestradores de compañeros, serian ahora virginales ciudadanos que gozan del derecho a la presunción de la  inocencia que implica confiar en que no se fugarán ni entorpecerán el proceso judicial ni se suicidarán como Febres.

El Poder Ejecutivo ha dejado trascender que no piensa promover ninguna medida legislativa que encare la crisis de justicia, el Poder Legislativo sigue como ausente de semejante cuestión y la Corte Suprema acaba de fijar posición mediante una acordada que quedó muy por debajo de las expectativas de los más cautos.  La acordada se limita a dar consejos y proponer rumbos que ya se acordaron hace años y no se cumplen por el compromiso de buena parte del Poder Judicial con los represores y la falta de compromiso de los otros poderes como la propia Corte denuncia.  La gran novedad se reduce a la creación de una Unidad de Seguimiento de los Juicios confirmando aquella vieja enseñanza política de Perón de que en la Argentina cuando no se quiere resolver un problema se forma una comisión.

Pero además, en sus considerandos introduce una variante de la teoría de los dos demonios: resultaría que los juicios se ven complicados por los reclamos de los querellantes, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, sociales y partidos políticos, de que se juzgue el terrorismo de estado como sucedió y no como los jueces están reinventando.  La propia Procuración General de la Nación ha reconocido que montar un juicio a los genocidas Menéndez y Bussi por un solo caso mientras están sin justicia más de tres mil casos de crímenes y desapariciones ocurridas en Tucumán, no es el mejor camino.

Advertimos sobre el retorno del discurso de revictimización de las victimas, que no es otro que el que justificaba el terrorismo de Estado: ya tuvimos que soportar insinuaciones sobre Julio López y el rechazo por parte del Gobierno Nacional y la Corte Suprema del derecho al asilo político de los compañeros paraguayos, todavía el Ministro Fernández no aportó las pruebas sobre sus graves acusaciones de que militantes de izquierda habían incendiado trenes.  Adjudicarnos responsabilidad sobre la demora de los juicios no solo es falso, ¿cuál juicio ha sido demorado por tal planteo?, sino que profundiza el retorno de un discurso que legitima el discurso de los represores.

En su momento advertíamos que junto con Julio López había desaparecido una de las conclusiones fundamentales del fallo contra Echecolatz: hace falta un gran debate nacional para superar la crisis de justicia sobre los crímenes del terrorismo de Estado.  Propuestas no faltaron: desde la propuesta de reforma integral del Código Penal elaborado por la llamada comisión Baigún  hasta los proyectos de los Dres. Slepoy, Rosansky y Gil Lavedra, con todas las diferencias que pueda haber entre ellos proponían un debate que el poder ejecutivo y el legislativo han evitado hasta ahora.

En estos 25 años de lucha contra la impunidad democrática, las soluciones y la fuerza para imponerlas siempre ha venido del movimiento popular.   No hay ninguna razón para que esta vez sea distinto.  La Liga propone un gran debate del movimineto de derechos humanos y no solo de él, de todo el movimiento popular.

Un debate para movilizar, para actuar sobre los juicios en marcha y para construir una VOLUNTAD POPULAR DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD HISTORICA Y COTIIDANA.  Que defienda los espacios democráticos de los garantes de la impunidad histórica y del gatillo fácil, de los victimizadores de la infancia y de las patotas de la burocracia sindical, de la prepotencia policial y de las cárceles inhumanas.

Es por ello, que desde la LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE propone la construcción colectiva de un CABILDO POPULAR CONTRA LA IMPUNIDAD que potencie esta lucha histórica.999

Porque si no lo hacemos, seguirá recuperando espacio el discurso represor que impulsa la derecha y la Embajada de los EE.UU., esos que ahora mismo avalan con su silencio el genocidio del pueblo Palestino por parte del Estado Terrorista de Israel, una derecha fascista que se alimenta de las vacilaciones y claudicaciones de un gobierno que ha llegado a un punto límite con su política de derechos humanos.  Si algo queda claro es que a la impunidad no se la derrota con gestos y discursos emotivos, hace falta mucho más que eso. Voluntad política de enfrentar al Poder Real que planificó, ejecutó y se benefició del Terrorismo de Estado y esa voluntad solo anida en el movimiento popular, las fuerzas democráticas y la izquierda.