Aporte de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre a la jornada de Debate sobre el fascismo histórico y contemporáneo a realizarse el 30 de agosto de 2008

Y Julio López?

La discusión sobre la vigencia o no de los derechos humanos en la Argentina de los Kirchner, debate que viene desde aquel gesto contundente de ingresar a la ESMA acompañado de un grupo de sobrevivientes de aquel Centro Clandestino, acaso el más simbólico de todos; y de otros gestos como el permitir que sus legisladores, finalmente, voten la anulación de las leyes de impunidad, la modificación de la integración de la Corte Suprema o el sonado retiro del cuadro de los genocidas de la galería de «ilustres» veteranos militares, se ve cruzada desde hace algunos meses por la reaparición de una masa reaccionaria que no vacila en mostrar sin vergüenza sus odios de clase («esos negros de mierda»), su macartismo feroz (los insultos a Chávez y el pasado Montonero de algunos funcionarios), su xenofobia selectiva (aman a los yankees y odian a los bolivianos, peruanos, y en general a todo lo que «huela» a mestizo y latinoamericano) y su descarado apego a los valores culturales del neolilberalismo («nos une la tasa de ganancia» dijo el líder campestre de Gualeguaichu) que los lleva a resistir hasta la más tímida acción estatal de regulación del mercado o de control de sus negocios.

Cómo junto a la reaparición de esta masa social reaccionaria, modulada y amplificada por el sistema comunicacional, los intelectuales orgánicos del sistema y aún algunas brigadas extraviadas del campo popular y la izquierda, se mantiene la represión institucional, la tortura en sede policial y el trato inhumano en las cárceles argentinas, como Julio López sigue desaparecido, como siguen las amenazas y agresiones diversas hacia militantes del campo popular de cuyos autores nada se sabe nunca,  tal como ocurrió con los compañeros Gerez y Puthod y «alguien» pudo asesinar a Febres y «fugar» a Corres, como los seis compañeros paraguayos siguen presos en Marcos Paz, mientras los juicios contra los genocidas siguen en cuenta gotas y tan fragmentados que es imposible la verdad y el castigo a los inspiradores del Terrorismo de Estado y a los beneficiarios de sus consecuencias económico/sociales y culturales, etc. la situación es sumamente compleja y contradictoria, lo que nos requiere de una mirada histórica e integradora de todos los fenómenos.

Las miradas parciales

Lejos de esta perspectiva integradora e histórica, se han constituido en el movimiento de derechos humanos y popular dos miradas parciales que describiremos de modo esquemático y simplificado. Por un lado están los que miran con un solo ojo, el institucional y «progresista» para darle nombre a ese tipo de miopía, sólo ven el accionar de esta derecha explícita que procura desestabilizar al gobierno (cierto que por sus pocos aciertos, en primer lugar por su apuesta a la integración latinoamericana y el respeto a la autodeterminación de los pueblos venezolano, boliviano y ecuatoriano) y parecieran no advertir el carácter estructural de la impunidad y la responsabilidad del gobierno K en su persistencia casi inmaculada. Acaso el enfoque más extremo de esta posición es aquel que equipara la situación con la de 1975 y no vacila en comparar las patoteadas derechistas con la acción de los grupos de tareas del Terrorismo de Estado[1] que se cobraron, al menos, treinta mil compañeros desaparecidos, y los discursos de derecha con la preparación de un golpe de estado.  Discutiremos luego la factibilidad de este pronóstico.

Por el otro, los que miran con el otro ojo, pero también con uno solo, solo ven las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado y subestiman la articulación derechista tras la Sociedad Rural y sus socios campestres, la reaparición de una masa social reaccionaria  y hasta el discurso de derecha explícita que busca reinstalar la agenda neoliberal en el centro de la escena, arrancar las concesiones que pueda y prepararse para reinstalar un gobierno de derecha explícita, como Uribe en Colombia o Calderón en México para no creer que hablamos de los 90. Paradójicamente (o no tanto) el enfoque más extremo de esta posición también piensa al 2008 en clave del 2005 y habla de que tras las múltiples acciones intimidatorias y de represión a los militantes populares se esconde la (re) constitución de la Triple A desde el mismo Gobierno Nacional

Claro que no pretendemos ninguna tercera posición equidistante de una u otra mirada ni siquiera la mera sumatoria de miradas; se trata de otra manera de mirar los fenómenos que superen el concepto liberal burgués sobre el Estado,  el posibilismo «progresista» que encuentra en las correlaciones de fuerza la excusa insalvable para facilitar la reproducción de los mecanismos de ampliación del capital y de conservación de la dominación y el estrategismo vulgar, siempre ilusionado en que la crisis capitalista, por sí, (y el deterioro de la gobernabilidad Kirchnerista es una forma de expresión de la crisis capitalista argentina) traería las condiciones para el cambio social y el socialismo.

El carácter estructural de la violación de los derechos humanos

Se trata de asumir que desde que el Estado Argentino existe como tal (desde finales del siglo XIX), como Estado Nación con sus atributos de dominación territorial, uso exclusivo de la fuerza, capacidades administrativas, financieras y códigos de regulación de las relaciones humanas, es un Estado represor que modula el nivel de violencia a la situación de la correlación de fuerzas en la lucha de clases y al modo en que el bloque de poder ejerce la dominación y también es un Estado Violador de los Derechos Humanos en su perspectiva integral (los llamados derechos económicos sociales) tal como se confirma con sólo registrar que la participación de los ingresos de los trabajadores(activos, desocupados y jubilados) en la distribución de la renta nacional, está hoy en un 28% habiendo conocido «días de gloria» como el 49% de 1974 y que aún en el 2001 estaba en el 31%[2]. Sabido es que si se mantiene la matriz distributiva de los ingresos en un nivel de injusticia tal, todos los demás derechos económicos sociales: vivienda, salud, educación, previsión, información, etc. devienen en formales.

Y en eso la Argentina es la campeona: desde el punto de vista de la firma de pactos y tratados internacionales, aventaja a casi todos; desde el punto de vista del incumplimiento, también: tenemos una de las mejores leyes de migración pero hay trabajo esclavo de los migrantes en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires; adherimos a los pactos de protección de la infancia pero la UNICEF denuncia que mueren 25 bebes por día por causas evitables y casi la mitad de nuestra infancia vive en la pobreza, pasa hambre y corre peligro de ser mano de obra infantil, sometida a la trata de personas y la prostitución infantil; aprobamos y actualizamos leyes de educación a cual más moderna, pero más de la mitad de la población mayor de quince años no puede terminar el ciclo secundario que es la barrera educativa para el mercado laboral, etc. etc.

Dado que todo acto represor requiere de una fuerza material en condiciones de perpetrarlo, de un aparato jurídico que lo legitime y de un discurso justificatorio que lo haga natural para un sector de la sociedad, analicemos como estas cuestiones orgánicas de la represión, funcionaron bajo los gobiernos K, hasta hoy.

El Terrorismo de Estado de Videla-Martínez de Hoz fue la solución que encontró el Poder a los desafíos populares de los 70 tanto como el discurso de los derechos humanos de Néstor Kirchner se correspondía con el modo en que el Poder logró superar ese otro momento de peligro para su estabilidad que fue el Diciembre de 2001.

La decisión, en un caso de exterminar al sujeto en rebeldía y en otro de «absorber» su discurso, tuvo que ver con la situación mundial, con el nivel de desafío y con las disputas al interior del bloque de Poder; aunque ambas acciones configuraron hegemonía al interior del bloque de poder, no no es indiferente el carácter del sector que se constituye en hegemónico del Bloque del Poder (de ultra derechista fascistoide la primera, casi de centro izquierda y de Tercera Vía, la segunda), así como tampoco nos es indiferente que la actual hegemonía kirchnerista sea derrotada y reemplazada por otra de derecha explicita que –estamos seguros- continuará y profundizará el rumbo de una economía de penurias (exportamos alimentos producidos a bajo costo salarial y se mantiene el dólar alto para valorizar el negocio exportador de la soja, el petróleo, los alimentos, la minería y otros), modificará la política de integración latinoamericana y producirá un viraje brusco en las políticas de memoria y de enjuiciamiento a los genocidas. Es decir, liquidará aquellas medidas que por convicción o conveniencia han receptado reclamos históricos del movimiento popular, y potenciará todas aquellas que siguen beneficiando a los poderosos grupos económicos que dominan la Argentina, y no sólo en el negocio agrario.

Uno.

Desde el 2003, las Fuerzas Armadas han seguido el proceso de adaptación a las nuevas exigencias imperiales iniciado por Menem con la derogación del Servicio Militar Obligatorio y la conformación de un cuerpo más profesional y alejado de las presiones populares, integrado a un sistema de «seguridad internacional» orientado por la ONU y la OTAN tal como se ve en la presencia argentina en la ocupación militar de Haití[3], así como la continuidad de las relaciones de «colaboración» con el Comando Sur del Ejercito de los EE.UU.   La comprobada participación del Almirante Godoy en las labores de espionaje político descubiertas en el actual caso de Trelew  y la denuncia del fiscal Cañón de Bahía Blanca acerca del compromiso militar en la fuga de Corres[4], dan cuenta de las dificultades para romper la lógica de la Seguridad Nacional y el macartismo inculcado durante décadas a pesar de algunos pasos positivos en la reestructuración del sistema de formación profesional y la anulación de los fueros militares. Los servicios de Inteligencia, empezando por la nefasta SIDE, se mantiene fuera de todo debate y control social, manteniendo sus atribuciones de espionaje y provocación política que la hicieron famosa. La Bonaerense, como el resto de las policías provinciales ha resistido 25 años de «reformas» y depuraciones, manteniéndose en lo fundamental como una estructura mafiosa, con espíritu de cuerpo y capacidad de mantener la práctica sistemática de ejecuciones sumarias que nuestro inolvidable Toto Zimerman bautizara como «gatillo fácil» o repetir cuando sea necesario el crimen de Kostecky y Santillán tal como la Policía neuquina hizo con el maestro Fuentealba.

Pero aún hay más, muchos de los cesanteados de la Bonaerense hoy forman parte de un vasto ejército secreto amparado en las agencias de seguridad privada.  Y así podríamos seguir con el aumento del poder de fuego de Gendarmería y Prefectura y su reformulación como fuerzas de seguridad interior, lejos de sus originarias tareas de salvaguarda de las fronteras o la persistencia de una cultura represora en el Servicio Penitenciario Federal y los respectivos servicios penitenciarios provinciales (la Corte Suprema de la Pcia. de Buenos Aires acaba de dar curso a la denuncia contra el sistema provincial de que traslada de cárcel, mensualmente, a 16 mil de los 25 mil presos calificando a dicho trato de Tortura).

La negativa de los mandos militares a entregar la información acumulada sobre los desaparecidos da cuenta de un pacto de sangre que se transmite de generación en generación y que está en la base de la continuidad del estado como aparato de dominación.  La reaparición de grupos para estatales, como los que secuestraron a López o los que cometieron cientos de actos intimidatorios y represivos contra militantes populares, el último de los cuales afectó a un niño de quince años, integrante del Movimiento Chicos del Pueblo, es acaso la consecuencia más dolorosa de la impunidad con que cuentan la inmensa mayoría de los perpetradores del Genocidio de los 70.

Nos interesa resaltar que mucho de esta continuidad estatal fue construida por los legisladores que al reasumir el Poder Legislativo en vez de fulminar por nulidad absoluta los decretos «leyes» dictados por las Juntas Militares, les dieron status de legalidad en pro de la necesaria supuesta continuidad jurídica que explica, por ejemplo, que nos sigamos manejando en los temas de radiodifusión con las normas dictatoriales.  Es por eso que no aceptamos la tesis de la Secretaría de derechos humanos de la Nación que en los juicios por Terrorismo de Estado pretende asumir la representación jurídica del «Estado democrático» contra el «Estado represor», procurando ocultar la responsabilidad de las autoridades estatales en cuestiones muy puntuales como la entrega de la información disponible sobre la represión, la efectiva protección a testigos en causas de delitos de lesa humanidad o en una mirada más abarcativa, la verdadera reparación del Genocidio que no es otra que la reversión de los cambios económicos/sociales y culturales que impuso el neoliberalismo, conquistando la Segunda y Definitiva Independencia Nacional.

Dos

Durante estos años no ha dejado de aplicarse el Código Penal para judicializar la protesta social y criminalizar la pobreza (entre otros los artículos 212 «intimidación pública», y/o 149 «coacción agravada», «incitación a la violencia colectiva» y otros), en su momento el Kirchnerismo se rindió ante la avalancha Blumberg, aceptó la mayoría de las propuestas de modificación del Código Penal (todas regresivas y basadas en la concepción reaccionaria de que el monto de la pena limita el delito, hipótesis que la vida ha mostrado irreal) y luego, durante  la gestión Iribarne en el Ministerio de Justicia, se negó a someter a debate un proyecto de modificación integral del Código Penal (el informe Baigún, por el nombre de quién presidió la Comisión de Juristas que lo elaboró) que el gobierno mismo había impulsado preparar.

Digamos que si algo confirma el carácter de clase de la sociedad argentina es nuestro Código Penal y su consecuencia directa: la población penal argentina que se triplicó entre el 2002 y el 2007, con una definida composición social, pobres, y un componente nacional nítido, alta proporción de bolivianos, peruanos y paraguayos. En el 2007, sólo en la provincia de Buenos Aires se constataron 2051 hechos de tortura en sede policial o penitenciaria[5].

Digamos para no abundar, que la sanción de la así llamada «ley antiterrorista» que amplifica atribuciones a organismos como el Ufidro (contra quién la Liga presentó una denuncia de espionaje político contra Pérez Esquivel, Echegaray y Bonafini, entre otros) y la creación de una nueva figura jurídica como el art. 213 Ter, «asociación ilícita terrorista», no sólo es un acto gravísimo para la democracia argentina (contra las ilusiones de algunos de que la Ley no se aplicará, recordamos que no hay ley que se cree para no aplicarla y que incluso jurístas «progresistas» como el Dr. Baltasar Garzón la están aplicando ahora mismo contra la compañera Pilar García, de la OSPAL española, a quién quiere procesar por complicidad con las FARC) sino una contradicción flagrante con los gestos de apoyo a la integración latinoamericana y la autonomía nacional, en cuanto implica asumir el discurso del antiterrorismo del Acta Patriótica con que los EE.UU. vienen rearticulando el sistema de relaciones internacionales.  Con el mismo discurso con que se aprobó la Ley, se rearma la Cuarta Flota y se impulsan las campañas desestabilizadoras contra los gobiernos populares de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Tres

Es en el terreno discursivo donde acaso se puedan observar más nítidamente elementos de discontinuidad o ruptura entre el gobierno de los K y los gobiernos de Menem y la Alianza.  Cierto es que el discurso kirchenerista[6] sobre los derechos humanos se limita a una reivindicación ética (no del proyecto político) de la generación de los 70, mediado por una lectura reducccionista -en clave peronista- de aquel período histórico. Cierto es que dicho discurso estuvo al servicio de la construcción de los atributos indispensables para gobernar para quienes accedieron al Gobierno Nacional sin el respaldo popular ni el apoyo explícito de todos los componentes del bloque de Poder y es más: cierto es que este discurso de descalificación del Terrorismo del Estado y de las políticas neoliberales de los 90 estuvo al servicio de la gobernabilidad de la Argentina resultante –justamente- de la aplicación del proyecto impuesto por el Genocidio y desplegado en su máxima plenitud por el Partido Justicialista hegemonizado por Menem[7].  Acaso la imagen más irritante de todas sea la del secretario privado de la presidencia, el Dr. Oscar Parrilli, quien fuera el miembro informante de la mayoría menemista en el Parlamento a favor de la privatización de YPF, posando de «progresista» que canaliza las (generosas) ayudas gubernamentales a los organismos de derechos humanos que acompañan los gestos reivindicatorios.

Nos hemos detenido en todos estos peros y en nuestro rechazo a la intromisión, muchas veces grosera y casi grotesca, del Gobierno Nacional en los debates del movimiento de derechos humanos porque creemos que de esa manera, sin ingenuidades ni ilusiones, podemos valorar mejor la ruptura que en el plano discursivo, en el plano simbólico (¡nada menos que en el plano simbólico!) produjo el discurso kirchenista con respecto al discurso reivindicatorio del Partido Militar y sus acólitos, con respecto al discurso de los dos demonios de Alfonsín y el progresismo radical de los 80, con respecto al discurso del olvido y la reconciliación de Menem y sus secuaces en el saqueo y aún con el discurso tibio de la Alianza que también en este terreno aplicó el clásico SI pero NO de su gestión.

El discurso kirchnerista sobre la memoria (preferimos hablar de política y discurso de memoria, dado que como hemos argumentado no hay ni política ni discurso de derechos humanos, entendidos como integralidad histórica) impulsó la ampliación de espacios para el discurso de memoria en los medios de comunicación (vale la pena resaltar la admirable labor del canal Encuentro en este terreno), incluso en algunos –como Clarín- que fueron claros soportes de las dictaduras y los gobiernos de los 90.  Cuando discutamos la posibilidad de un Golpe de Estado, habrá que computar el resultado de esta prédica y su efecto mediático en las dificultades que tienen las Fuerzas Armadas para presentarse como «salvadores de la democracia o de la Patria».

Ya hemos advertido que otras acciones del Gobierno, acaso más que otras palabras, han actuado a favor de la legitimación de la política represiva: la claudicación vergonzosa frente Blumberg y los defensores de la mano dura, la inacción frente a los desaparecedores de López y los grupos que agreden compañeros y la ya nombrada aprobación de la así llamada «ley antiterrorista» tan cargada de la doctrina del Acta Patriótica y todo el discurso antiterrorista de George W. Bush.

La nueva derecha: quiénes son, cómo actúan y cómo llegaron hasta aquí?

Casi de repente, acaso en el lugar menos esperado por casi todos, volvió a escena el discurso clásico de la derecha argentina: la descalificación de los pobres, el odio hacia la izquierda y todo el que plantee cambios sociales y reformas, la veneración al mercado y los valores culturales del neoliberalismo (egoísmo, individualismo extremo, hedonismo, etc.) y sobre todo, un odio casi enfermizo hacia el peronismo y todo lo que para ellos son formas del populismo: Chávez, Correa y Evo.

Más allá de lo que se piense del conflicto sojero, y de sus resultados  interesa reflexionar sobre esta masa social reaccionaria, agresiva y con alto sentido de clase (burguesa, se entiende).

Empecemos por decir que derecha hubo siempre en la Argentina, y que la mayor parte de la historia nacional tuvo posición hegemónica en el bloque de Poder, aunque no siempre logró construir una hegemonía cultural en el conjunto de la sociedad.

Para que se entienda, desde Roca en adelante el componente social del bloque de Poder: los dueños de la tierra y del negocio agrario pampeano, los comerciantes e industriales de Buenos Aires y de las grandes urbes como Rosario, Córdoba, Mendoza, etc. y los grupos económicos extranjeros –primero ingleses y luego norteamericanos- se las arreglaron para modelar sistemas de dominación que garantizaran la reproducción ampliada del capital (con la cuota de súper ganancia agraria, industrial y financiera) y la continuidad del sistema capitalista.  Claro que con una peculiaridad, es acaso la vez primera que  la derecha hace su apuesta principal a constituirse en una fuerza política de masas, con discurso explícito y referentes sociales.  Más bien, han actuado a través de los Jefes Militares (recordemos que los militares tomaron el gobierno en 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, sin contar los conatos y otras «delicias» castrenses como la Semana Santa del 87).

¿Y cuándo había gobiernos electos por mecanismos constitucionales? Pues, garantizaban su continuidad como Poder a través de los jefes políticos de estos partidos políticos de raigambre popular pero que siempre tuvieron jefaturas que terminaban concediendo o claudicando frente al chantaje militar (recordemos la negativa del entonces Coronel Perón a resistir el golpe del 55 a pesar de contar con una amplia mayoría social y aún militar).  Si la alternancia entre gobiernos civiles y militares, explica la continuidad del sistema capitalista en casi todo el siglo XX, la alternancia entre radicales y peronistas, explica el ciclo abierto en 1983.

Y estos gobiernos militares y civiles construyeron niveles de consenso social que actuaba en su apoyo, contrariando el mito de que la Argentina fue siempre un país progresista, de capas medas blancas y cultas.  Hubo una masa social reaccionaria que apoyó el golpe de 1976, como hubo una masa social enorme que le permitió a Menem ser electo y reelecto y aún ganar en primera vuelta las elecciones de 2003 en las que finalmente fuera electo presidente Kirchner en la segunda vuelta (cierto que no todos los que votaron a Menem son de esa masa social, siempre hay confundidos y muchos).  Esa masa social reaccionaria es la que ha estado inhibida desde el 2001 en adelante, y parece que ha decidido recuperar la palabra, y vaya si lo está haciendo!

Si la inhibición tuvo que ver con la catástrofe social provocada por el neoliberalismo, con la crisis de representatividad y la fisura en la dominación cultural que surgieron del Diciembre Popular de 2001, pareciera que la desinhibición tiene que ver con la gran ofensiva cultural imperial en respuesta a los pasos de autonomía dados por algunos gobiernos de Latinoamérica y con los procesos de cambio antimperialistas que avanzan en la región, por un lado, y con el deterioro de la hegemonía al interior del bloque de Poder que ha sufrido el kirchnerismo producto en parte de sus «éxitos» en la recuperación de la gobernabilidad y el ciclo de negocios (fue el pánico a la catástrofe económica social lo que facilitó la opción por el kirchnerismo por parte de amplios sectores burgueses y de capas medias altas; es la tranquilidad que da la recuperación del ciclo de negocios capitalistas lo que facilita su alejamiento) y en parte como reacción frente algunas opciones tomadas por el kirchnerismo para abrirse paso: la apuesta a la integración latinoamericana, la construcción de hegemonía política desde el discurso de memoria, ciertos moderados límites al automatismo del mercado, etc.

Y no debieran desestimarse factores culturales de largo aliento como el odio a todo lo que el peronismo siempre representó como amenaza (más que como realidad): Evita, Cámpora, Atilio López, la Jotape y los Montoneros.

Claro que en esta desinhibición derechista de masas, también convendría anotar el efecto inverso de la maniobra del Tero.  Así como al tero le resulta efectivo poner el huevo en un lado y echar el grito en otro, porque confunde a sus enemigos, el hacer lo mismo en política causa otro efecto, muy paradójico.

La falta de coherencia entre un discurso de memoria y de promesas distribucionistas, con las políticas y las acciones reales, produce un efecto movilizador en la derecha (que se siente amenazada) y un efecto desmovilizador en el campo de lo popular (que se ve frustrado en sus ilusiones una y otra vez).  Sin subestimar otros enfoques sobre la derrota legislativa del proyecto de retenciones agrarias (que hemos considerado justas y aún más, que debieran extenderse a todos los rubros de la exportación favorecidos por el modelo económico puesto en marcha en 2002), proponemos incorporar este enfoque de desinhibición de la derecha e inhibición de lo popular, como una perspectiva que debiera sumarse al análisis, al menos desde una perspectiva de lucha por los derechos humanos.

Conviene, de igual modo, tratar de anticiparnos a la estrategia de esta nueva derecha.  Parece bastante transparente que están en la etapa de construir consenso social para su discurso  y de hacerse de una base de Masas desde la cual presionar para lograr las concesiones que aspiran en el plano económico, en el terreno de las políticas de relaciones internacionales y de memoria. Y que si logran avanzar en esa dirección, nada autoriza a pensar que no podrán llegar a conquistar el gobierno nacional.  Detrás de ellos, está el sector más poderoso de la burguesía norteamericana, que aún en crisis, sigue siendo la única súper potencia imperial con aspiraciones globales.  Oponernos a su desarrollo parece entonces totalmente natural, igual queda pendiente un «detalle»: el modo de enfrentar a la derecha explícita y desinhibida, o lo que es lo mismo, cómo nos paramos ante un gobierno que de derechos humanos solo tiene un discurso de memoria.

El rol de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en esta lucha

Nacimos hace más de setenta años bajo el signo de la SOLIDARIDAD Y con el sello de una identidad inconfundible: el ANTIFASCISMO  y seguimos creyendo que esa es una de las razones más poderosas que hacen necesario la existencia y desarrollo de los organismos de derechos humanos.

Nos proponemos ser cada día más una entidad solidaria con los que sufren y luchan, amiga de todas las causas en defensa de los débiles, los humillados, discriminados, expoliados o explotados por el sistema capitalista, comprometida con la lucha contra todas las impunidades, decidida a aportar al ancho torrente de los que en todo el mundo resisten el avance del Imperio y sus políticas terroristas.

Para nosotros la SOLIDARIDAD no es un valor que se equipara a la compasión o el altruismo que se permiten los poderosos sino una conducta que se practica y se construye junto al sujeto agredido. Por eso queremos ser una entidad que se concentre en desplegar su actividad en la base misma del movimiento popular, allí donde el sujeto popular vive, sufre y lucha.  Se trata de resistir las presiones que el sistema ejerce de mil maneras para convertirnos en una O.N.G. domesticada y respetuosa de los límites y espacios que ellos mismos definen para la lucha por los derechos humanos.

No queremos ser una entidad de especialistas que median entre el Estado y las víctimas; queremos ser un organismo militante, nutridos del mismo movimiento popular y dedicados a contribuir a su desarrollo y unidad y a la creación de una representación política que le de perspectivas de victoria a las luchas históricas.

Para ello defendemos la AUTONOMIA del Estado, del gobierno y sobre todo del PODER PERMANENTE, ese que se ejerce desde los medios, desde los grandes grupos económicos y las embajadas de los países imperialistas; desde esa AUTONOMIA participamos en ámbitos de articulación con otros organismos de derechos humanos y fuerzas sociales y políticas que actúan en los juicios contra el Terrorismo de Estado, en las multisectoriales que en todo el país rodean y sostienen las luchas por los derechos populares, en los espacios públicos desde donde se construye la memoria histórica (mixtos, donde confluyen representaciones estatales, gubernamentales y de organismos de derechos humanos) y en toda iniciativa de defensa de los perseguidos políticos como también el patrocinio al pueblo en su reclamo por la vigencia de los Derechos económicos sociales y de resistencia a la ofensiva de la derecha explícita.

Una autonomía que lejos está de ser prescindente de las batallas reales, que nos permite impulsar aquellas medidas jurídicas, legislativas u gubernamentales que consideramos útiles a la lucha por la vigencia de los derechos humanos tanto como la resistencia con todas aquellas que, por acción u omisión, garantizan la impunidad de quienes los violan.

Desde la centralidad que la SOLIDARIDAD tiene para nosotros, desde la identidad ANTIFASCISTA que portamos con orgullo desde nuestro nacimiento, y desde la AUTONOMIA que construimos cotidianamente, podemos definir –desde la coherencia- que nuestro rol es luchar contra todas las violaciones a los derechos humanos que el ESTADO comete y que con el mismo ímpetu, o aún más, denunciaremos y confrontaremos con la derecha explícita, que en el pasado apoyó las dictaduras militares de ideología fascista y que en el presente expresa la ofensiva imperialista por recuperar el terreno perdido en América Latina a manos de los procesos y gobiernos populares y antimperialistas.

Para estas luchas, para todas o para alguna de ellas, como siempre tendemos nuestra mano a todos los que estén dispuestos a luchar por estos objetivos.