La muerte del prefecto Febres ha vuelto de poner de relieve el Poder de la Impunidad y la necesidad urgente de un debate nacional sobre los caminos para derrotarla.
No hace falta insistir en que la falta de castigo no calma a las bestias sino que las anima y fortalece.  Allí está la desaparición forzada de Julio López como prueba incontrastable de adonde nos lleva la impunidad.
Cómo se dijera en el fallo contra Echecolatz, recordando a su vez un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se trata de investigar en serio, para esclarecer los hechos, castigar los culpables y crear condiciones sociales para impedir su continuidad, no de una ficción de investigación y mucho menos de una ficción de Justicia que no logra condenar los culpables.  Ni siquiera al último eslabón de una cadena de complicidades que –conviene recordarlo en estos días- llega hasta el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, inspirador, articulador y sostén del Plan Estratégico Continental que perpetró el Genocidio contra el pueblo de Nuestra América, tal como se ha logrado establecer en las investigaciones de la causa del Plan Cóndor.
Las medidas a tomar se han ido consensuando: cárcel común para los genocidas, unificación de las causas por Centro Clandestino u Area Militar, medidas para proteger a los testigos e impedir su revictimización, presupuesto y personal idóneo y comprometido con la lucha contra la impunidad para que la investigación no dependa exclusivamente de los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, encuadre jurídico adecuado que de cuenta del Genocidio perpetrado y genere condiciones para juzgar a toda la cadena de responsabilidades, etc.  Con matices y debates, el camino a recorrer está más o menos claro, lo que no existe es la voluntad política de ejecutarlo.
El gobierno nacional, que ha vuelto a proclamar su compromiso con la Justicia, tiene la responsabilidad de impulsar las medidas legislativas y administrativas para avanzar contra las redes que sostienen la Impunidad; y el movimiento social, las fuerzas políticas, la intelectualidad y centros académicos, los legisladores, etc. tienen el deber de construir un DEBATE NACIONAL que genere las condiciones sociales para que dicha voluntad política se haga realidad.
Los organismos de derechos humanos deberíamos buscar la manera de golpear unidos contra la Impunidad e impulsar este debate social para que nadie quede exento de pronunciarse.