Presos políticos en el 44 aniversario del Golpe de Estado. La vergüenza que el progresismo quisiera barrer bajo la alfombra


Desde la retirada de la dictadura militar, cada 24 de marzo es ocasión para el repudio, la memoria, el reclamo de Justicia y también motivo para el balance, para la reflexión sobre el estado de los derechos humanos; tanto en su perspectiva de “consecuencias no resueltas del genocidio” como de nuevas formas de violación a lo que los argentinos han conquistado como “derechos” en largas luchas populares, en las calles y en distintos ámbitos del Estado.

Este 24 de marzo adquiere un carácter muy especial. Luego de cuatro largos años de gobierno macrista en el que se desplegó la tercera etapa de implementación del modelo neoliberal[1], un nuevo gobierno que se proclama contrario a este modelo de acumulación se  enfrenta con una situación de crisis económica y política, inédita desde la crisis de 2001.

Cuando el 24 de marzo de 2018, en nombre de la Liga Argentina por los Derechos Humanos,  y en mi condición reconocida de militante comunista, grité desde el escenario de la Plaza de Mayo aquel “Macri basura vos sos la dictadura”[2]   no estaba solamente dando lugar a la bronca y la voluntad de confrontar de la militancia,  sino sosteniendo en el escenario mayor de la lucha política en la Argentina, la Plaza de Mayo, una discusión conceptual muy profunda que hoy se extiende y corporiza alrededor de la cuestión de los presos políticos: ¿son presos políticos o están arbitrariamente detenidos?; un gobierno que llega por el resultado de elecciones más o menos libres, ¿es de por sí democrático y condición suficiente para que no haya violaciones a los derechos humanos? ¿O puede haber presos políticos, torturas y toda clase de violaciones (el uso de la palabra violaciones no es ingenuo, resalta que continúan las violaciones a las mujeres, travestis, disidencias) en las condiciones de plena vigencia de las leyes, las instituciones y con un gobierno que se proclama defensor de valores democráticos?

La cuestión, entonces, parece abarcar otros temas que la mera discusión sobre los caminos jurídicos o no jurídicos para liberar a Milagro Sala, Amado Boudou, Luis D Elia, Facundo Jones Huala y otros cuarenta compañeras y compañeros hacinados en las cárceles de Ezeiza, Jujuy o Chile, se trata de discutir sobre el modelo de dominación macrista, la ofensiva imperialista en curso y la estrategia más eficaz para enfrentar y derrotar a las derechas reales, no las que imaginan los intelectuales de pensamiento becario que hoy dominan los medios que fungen oficialistas con honrosas y pocas excepciones.

Nada de “inconductas de algunos”, un Genocidio planificado, integrado a una Operación Continental de Dominación imperialista, con el resultado no revertido de un Capitalismo Colonizado

Corresponde comenzar por lo obvio, lo que no debe olvidarse nunca, pero se dice fácil Memoria, Verdad y Justicia. La memoria se construye en la disputa por el sentido común. En lucha contra la mentira, la falsedad, la fakenews y el lawfare.

Pero estas disputas no se expresan linealmente entre los genocidas y sus víctimas, entre los sectores populares y la derecha, o entre el movimiento popular y el bloque de poder. En toda reconstrucción de la historia del terror hay distintos sentidos que dan cuenta, no solo de los modos de entender el pasado, sino sobre todo los modos de comprender el presente y de articular la fuerza en función de proyectos a futuros. La memoria es combate nunca es placidez 

Cuando en París el presidente hablo de una ley contra el negacionismo dijimos ¿Cual verdad se va a blindar?: ¿Dictadura?, ¿Terrorismo de Estado? ¿Dictadura cívico militar, empresarial, clerical, pro yankee?, ¿Genocidio?

¿Negar cual verdad sería negacionismo?  ¿No decir que Isabel sancionó la Ley 20840 de lucha contra la subversión, utilizada para abrir causa judicial a cientos de presos políticos (de modo tal que la sola constatación de esa causal fue suficiente para que el Estado reconozca el carácter de preso político) será delito? 

¿O negar el papel de la CIA, vuelto a confirmar en estos días con el descubrimiento que una empresa Suiza que supervisaba las comunicaciones de los Servicios de Inteligencia comprometidos en la Operación Cóndor?  ¿No decir que fue el gobierno de los EE.UU. quien supervisó y articuló el golpe de estado con el mundo occidental y cristiano?

A poco de andar, la pretensión de constituir verdad oficial sobre la memoria, la verdad y la justicia se muestra ofensiva y estéril.  No nos calló la dictadura, no nos calló Menem, no nos va a callar nadie.

Lo hemos dicho mil veces[3].

1. Fue una contrarrevolución preventiva, y por eso la magnitud del terror. No fue igual que en ocasión de los golpes de 1930, 1943, 1955, 1962 o 1966;  fue más parecido a la Conquista del siglo XVI o la Campaña del Desierto y la Guerra de la Triple Alianza de 1870. Tuvo la furia y la pasión de los que ven amenazados su dominación de clase, su régimen político, sus privilegios seculares. Porque había una revolución incubándose.

2. Fue parte de una Operación Continental de reorganización de la dominación Colonial por parte del gobierno, las agencias de inteligencia y las corporaciones económicas de los EE.UU. que tras la Segunda Guerra Mundial y comenzada la Guerra Fría largaron una seguidilla de golpes de Estado: Guatemala en 1954, Paraguay 1954, Brasil 1966, Chile 1973, Uruguay 1974 que con el de Argentina en 1976 culminan la dominación completa del continente americano.  Claro que hubo Plan Cóndor pero mucho más que eso, fue la reacción de un Imperio ante desafíos revolucionarios en el mundo (derrota en Viet Nam y triunfos electorales en Chile, avances en Uruguay, el ejemplo del Che en Bolivia, etc.) y se sabe, toda perspectiva de triunfo revolucionario desata la furia criminal y  borra todo rastro del orden jurídico o los límites morales religiosos. 

3. Y todo el terror puesto al servicio de la conformación de un nuevo modelo de extracción de plusvalía propiciando la renta financiera de un modo nuevo (la deuda externa como instrumento imperial de dominación al decir de Fidel Castro) y un concentración de la riqueza que rompió los aparentes equilibrios de una distribución de la renta nacional que se acercaba al 50/50 es decir, el cincuenta por ciento para los millones de trabajadores y el otro cincuenta para el  puñado de empresarios y grupos económicos, pero eso les parecía poco, demasiado poco. Como diría Rodolfo, “En la política económica de ese Gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”  No se mata una generación por placer, sino para imponer un cambio integral del país. Del poder económico, de los valores culturales, de las costumbres, hasta del modo de jugar al futbol

Esa vieja costumbre de tener presos políticos en la Argentina

En ocasión de exponer frente al presidente Fernández[4] , sostuve que no es cierto que no haya parámetros internacionales sobre qué cosa es un preso político, cité que en la Asamblea Legislativa de la Unión Europea de 2009, resolución 3000 se establece que una persona privada de su libertad es un preso político si se da alguna, varias o todas estas condiciones:

1-La detención ha sido efectuada violando alguna de las garantías fundamentales establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos o cualquiera de sus protocolos. En particular, libertad de pensamiento, conciencia, religión, libertad de expresión o información, libertad de reunión o asociación.

2-La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado.

3- Por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido.

4-Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas.

5-La detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y esto pudiese estar relacionado con los motivos políticos de las autoridades.

O dicho de un modo coloquial y sencillo, todo preso es un preso político cuando su condición de perseguido político origina o modifica el procedimiento judicial o la misma norma jurídica. Digamos para entendernos, violar la presunción de inocencia y encerrarlos aunque no tengan sentencia firme en los días que corren o ser perseguidos por una montaña de instrumentos jurídicos construidos en épocas “democráticas”  y dictatoriales,

Se sabe que con la Conquista Militar Colonial Europea que destruyó, sofocó y subordinó los pueblos originarios que poblaban estos territorios llegó la Inquisición que comenzó persiguiendo judíos conversos, heréticos de diverso signo para luego arremeter contra los afrancesados que difundían las ideas del liberalismo naciente con la Revolución Francesa. La sede regional de la Inquisición estaba en Lima y fue nuestro gran José de San Martín quien la destruyó y dio por finalizadas sus funciones.  Antes, aunque sin resultados sólidos, la Asamblea del año 1813 había ordenado el fin de la esclavitud (ley de vientres) y de la tortura (destrucción en plaza pública de todo instrumento de tortura).

Fueron esos los primeros presos políticos junto con los hermanos que se levantaron con Túpac Amaru y fueron encerrados por años en las mazmorras del Imperio Español, eso sí, con sentencia judicial en forma.

¿Y cómo considerar a los mapuches encerrados por Roca en la Isla Martín García luego de la Campaña del Desierto, a las niñas y los niños esclavizados por la oligarquía porteña como sirvientes familiares u obreros de los nuevos obrajes, talleres o frigoríficos? 

El viejo orden colonial fue finalmente destruido pero para principios del siglo XX, la Republica articulada por la Constitución de 1853 que había proclamado la igualdad formal de los varones blancos propietarios (ni mujeres, ni indios, ni inmigrantes pobres eran sujetos de ciudadanía) se ve sorprendida por el comienzo de protestas y luchas sociales de aquellos que habían traído para suplir a los pobladores originarios asesinados y exterminados en el sur y el noreste del país.

La noción moderna del preso político podría considerarse iniciada con la sanción de ley 4144 de 1902, aquella invención de Miguel Cané que podría considerarse la base del edificio jurídico represivo del siglo XX.

A partir de ahí, la existencia de presos políticos se convirtió en situación reiterada en distintas coyunturas. En 1910, en ocasión del Centenario de la Revolución de Mayo se sancionó la emergencia de seguridad y se suspendieron las garantías constitucionales. En 1930 se creó la Sección Especial de lucha contra el comunismo  que, con distintos nombres, sobrevivirá hasta hoy como una agencia especializada en combatir a los militantes anticapitalistas sin importar el nombre que se les asignen o que auto asuman. Los golpes de Estado de 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 todos sumaron miles y miles de presos políticos aunque la figura de “detenido a disposición del Poder Ejecutivo” se masificó recién con los gobiernos de Isabel Perón y el ciclo dictatorial encabezado por Videla.

La ley símbolo de la dictadura de Onganía fue la 17401(sancionada en 1967) de persecución de las actividades comunistas, que instauró por vez primera el delito de pensar ya que bastaba con la caracterización de los Servicios de Inteligencia para perder el trabajo o ser encerrado, claro que con causa judicial y fallo judicial.  De aquella época es el Camarón, una Cámara Federal única y especial para fallar en casos de persecución política. La ley característica de la última dictadura militar no es patrimonio de Videla y los genocidas, sino por el contrario, fue sancionada por el democráticamente electo Congreso de la Nación, con hegemonía del peronismo y el Radicalismo. La puesta en marcha de la ley 20840 contra las “actividades subversivas” sancionada en noviembre de 1974 (Juan Domingo Perón había muerto en junio y la derecha peronista viraba hacia la ultra derecha fascista de la Triple A) se abrieron infinitos causas judiciales, tantas que la sola constatación de que un ciudadano había sido objeto de esa persecución judicial servía como prueba para que el Estado argentino considerara cumplidos los requisitos para la adjudicación de la reparación económica para los presos políticos de la dictadura.

Terminada la última dictadura se instauró un ciclo que ya lleva más de 35 años sin golpes militares. Sin embargo, el ejercicio del voto popular no evitó la existencia de presos político en la Argentina. En los primeros años de democracia quedaron detenidos un conjunto de presos políticos que el gobierno de Alfonsín seguía considerando subversivos y a los que se les iniciaron causas judiciales conforme el decreto presidencial 157. Hubo que luchar mucho, incluidas huelgas de hambre de los compañeros, para liberarlos.  Claro, la memoria de la lucha democrática la tienen los que luchamos por todas y todos los presos políticos, siempre, aunque algunos ni se dieran por enterados. 

Presos políticos hubieron con Alfonsín, con Menem y también con Néstor Kirchner y Cristina Fernández.  Seis campesinos paraguayos fueron atrapados en Buenos Aires, a pesar de las promesas de garantías a refugiados políticos prometidas por el Embajador Argentino en Asunción, el señor Roma, entregados a la Justicia fascista de Paraguay y condenados a treinta y cinco años de condena bajo absurdas acusaciones nunca probadas y un discurso antiterrorista básico: amigos de Raúl Reyes, extensión de las Farc en Paraguay, etc.  Están presos desde 2006 y tienen nombre, se llaman Agustín Acosta, Arístides Vera, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Simeón Bordón. Fueron extraditados en noviembre de 2008 bajo la presidencia de Cristina Kirchner. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio

Los presos del macrismo, el lawfare como nuevo modelo de dominación colonial

La memoria es para todos. O al menos para todos los que se preocupan por aprender de la historia de las luchas sociales. Y la lucha por la libertad de los presos políticos en Argentina y América no ha sido una tradición menor en la región. El Imperialismo y sus agencias estudiaron muy rigurosamente los modos de construcción de la memoria y los modos en que se resistió al olvido. Tomaron nota de que Fidel Castro, salido de la Cárcel de la Isla de Pinos, se convirtió en el máximo líder de la nación cubana, para siempre. Tomaron nota que unos tres mil ex presos políticos argentinos testimoniaron en los juicios contra los genocidas, y que por una acordada de la Corte Suprema, su palabra sobre los hechos, cometidos de modo clandestino por un Estado Terrorista, adquirieron carácter de verdad (claro que bajo ciertas circunstancias) y que, en general, en la América Latina post dictatorial, el sello de ex preso político se asemejaba al de “luchador por la democracia y la igualdad” “ciudadano digno de respeto” y otros similares. 

El Lawfare no es solo la subordinación total del aparato judicial a un plan de dominación imperial pensado, articulado y ejecutado por las agencias especiales de los EE.UU. para la región. Es también, y por sobre todo, un plan de contrainsurgencia por el camino de invalidar a los dirigentes populares en su condición de militantes de una causa popular de mejoría de las condiciones de vida de la población, de mejora de las capacidades del Estado Nacional  para encarar algunos problemas sociales, culturales o políticos, de integración de los países en una lógica que se aparte de los mandatos brutales de alineación automática de Trump y la Cía.  Así Lula no es quien intentó dar un plato de comida a cada brasilero, es el ladrón de un departamento. Así Glass no es el vice de Correa en el mejor esfuerzo, frustrado cierto, de tener un gobierno del pueblo en Ecuador. Y Milagro no es una dirigente social que construyó un espacio social para los más pobres de Jujuy, Amado no es el que recuperó las jubilaciones de las AFJP, Julio no es gestor de un plan de obras, ni Luis es quien tempranamente organizó a los desocupados y busco su dignidad.  Todas y todos son ladrones, corruptos y en algunos casos, corruptos y violentos.

Negar el carácter político de estos presos es convalidar el sentido profundo y estratégico del Plan de Copamiento del Poder judicial por parte del macrismo, como lo calificamos en la denuncia hecha en mayo de 2019 en Lima ante el Dr. García Sayán, relator especial de las Naciones Unidas para la autonomía de abogados y magistrados, denuncia que este remitiera a Macri para fines de su mandato, Avruj pretendiera negar y el nuevo secretario de derechos humanos, compañero Horacio Pietragalla, pidiera que se investigue y se dé curso.

Como dijera el propio Fontevechia en su diario Perfil: “Si hubo lawfare hay presos políticos”[5] , porque si no hay presos políticos, ¿qué es lo que hubo?: ¿excesos de un Poder Judicial siempre dispuesto a complacer el gobierno de turno?, ¿o simple aprovechamiento político de delitos verdaderos de delincuentes verdaderos?  Es usted el que debe responder Presidente Fernández, pues es su gobierno el que no da respuestas a aquella pregunta que nos hicimos cuando se constituyó el Frente de Todos con personajes tan siniestros como Massa o Sola, viejos colaboradores de la Embajada de los EE.UU.: ¿se echó a Macri para salvar algún modo de neoliberalismo atenuado con políticas sociales focalizadas o vamos a derrotar el macrismo en camino a la liberación verdadera, nacional, social, popular y democrática?

En aquella ocasión en que pudimos decirle de frente lo que pensamos, terminé mi alocución con las siguientes palabras: “los presos políticos son un problema, no se pueden ocultar bajo la alfombra”. 

Han transcurrido casi dos meses, los presos políticos existen, son un sujeto político y detrás de ellos se agrupa lo mejor de la democracia argentina. A veces parece que somos pocos y a veces parece que nos condenamos al ostracismo pero como dijo el compañero Dady Brieva en el acto de Avellaneda por los presos políticos: alguno debe decir que las vacas no vuelan, porque si no Clarín, TN, Macri y hasta algún despistado político dirán que las vacas vuelan o sea que  no hay presos políticos y saben qué, las vacas no vuelan, los presos son políticos. Y con presos  políticos no hay democracia.

16 de marzo de 2020


[1] Consideramos que la primera etapa de implementación del neoliberalismo en la argentina se sitúa durante el proceso genocida. Es a través del despliegue del aniquilamiento y el terror que se construyen las condiciones de posibilidad de las reformas estructurales necesarias para el cambio en el modelo de acumulación. Finalizada la dictadura, el primer gobierno democrático no logró profundizar el proceso de transformación estructural ni en la esfera económica ni en la política y sería el siguiente gobierno encabezado por Carlos Menem el que lograría su instalación hasta el estallido de la crisis de 2001. Luego de más de una década de disputa con la hegemonía neoliberal, el gobierno de cambiemos recompone creativamente el modelo, profundizando tanto en sus aspectos culturales como económicos.

[2]https://www.clarin.com/politica/dia-memoria-miles-personas-llegan-plaza-mayo-unico-acto_0_SytMJMNqz.html

[3] En 2017 publiqué un libro sobre el tema al que remito “Genocidios” con el aporte de July Henríquez de Colombia, Malena Silveyra de Argentina y Fabricio Arnella de Paraguay

[4] https://www.youtube.com/watch?v=zKUPoeCVen0&t=3s

[5] https://www.perfil.com/noticias/columnistas/si-hay-lawfare-hay-presos-politicos.phtml


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