Un nuevo enemigo público, nuevo en un sentido muy relativo, se viene instalando con fuerza en el escenario de las políticas represivas, discriminatorias, estigmatizantes que impulsa la Alianza gubernamental con el apoyo no disimulado de amplios sectores sociales, incluidos algunos autos percibidos como progresistas y humanos.

 

Corresponde señalar que el anarquismo (con sus diversos nombres a través de la historia: ácratas, comunismo libertario, anarcosindicalismo, etc.) es una de las culturas políticas más antiguas de la Argentina y Nuestra América.  Llegó a estas tierras de la mano de los trabajadores anarquistas de las regiones que hoy son Italia, España o Rusia.

 

Contra ellos siempre hubo una especial política de persecución basada en falsedades y simplificaciones extremas de su pensamiento porque no hay un anarquismo, como no hay un comunismo o un peronismo sino varios y no todas las corrientes piensan y actúan del mismo modo.

 

En 1902, con la sanción de la Ley 4144 conocida como “ley de residencia” se establecía por vía administrativa (no judicial) la expulsión sin más de todo inmigrante que no aceptara mansamente le orden burgués en plena expansión continental.  En la ley se hacía mención concreta de los ácratas y los comunistas libertarios.

 

Durante el primer golpe de Estado, en 1930, en Rosario fue fusilado Joaquín Penina, como antes había sido asesinado Cosme Budislavic, hecho que fue reflejado por el pintor Antonio Berni en su célebre cuadro La Manifestación que adorna los despachos de todo intelectual que se precie de progresista y comprometido socialmente.

 

Entonces, lo primero que corresponde es una actitud de respeto hacia una cultura nacional y popular que ha dado héroes como Simón Radowitsky, intelectuales de la talla de Osvaldo Bayer o militantes desinteresados y valientes como Santiago Maldonado.

 

En estos días, una verdadera cacería de anarquistas se lleva adelante por el Estado so pretexto de intentos frustrados de atentar contra la tumba del Coronel Falcón y la residencia del Juez Bonadío.

 

En la “investigación judicial” en curso se convalidan y consolidan una serie de pasos regresivos que dan cuenta de la demolición del Estado de Derecho en la Argentina, demolición que denunciamos y proponemos resistir.

 

Es necesario recordar a propios y extraños que las garantías constitucionales son para todas y todos los que habitan nuestro suelo, y que la presunción de inocencia vale hasta que se demuestre lo contrario.  Y es más, aunque algunos lo hayan olvidado o prefieran olvidar; las garantías constitucionales, el debido proceso, los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional y los Pactos firmados por el Estado Argentino valen también para los que la Justicia (y la sociedad) consideran culpable de haber cometido algún delito.  Una última anotación: en la Argentina no hay pena de muerte (al menos legal).

 

Por todo ello, y por nuestra historia, y porque defendemos el Estado de Derecho del plan de demolición que lleva adelante el gobierno Cambiemos como parte de la Operación Continental de Dominación Colonial que se abre paso por medios judiciales, mediáticos, políticos y acciones de grupos de tareas, es que expresamos nuestro compromiso con todas y todos los presos políticos y estaremos al lado de los compañeros anarquistas perseguidos y/o encarcelados, como hemos estado y estamos al lado de los mapuches, de los compañeros presos por manifestarse en las calles y los compañeros perseguidos por formar parte del gobierno kirchnerista.

 

Por una navidad sin presos políticos.

Memoria Verdad y Justicia.