La responsabilidad política del asesinato de Maximiliano Kostecky y Darío Santillán debe ser juzgada y castigada.


“Ningún crimen de estado se comete sin ensayar un discurso justificante”

Dr. Raúl Zaffaroni. 2013

El 26 de junio de 2002, en medio de un operativo represivo diseñado, organizado y ejecutado por fuerzas estatales, fueron asesinados Maximiliano Kostecky y Darío Santillán; heridos de gravedad decenas de compañeros y agredidos de diversos modos cientos de ellos. Que los muertos solo fueran dos no fue “efecto de la crisis” (como pretendía Clarín con su titular de tapa) sino un resultado casual ayudado por un infinito número de acciones solidarias de los más diversos sectores, empezando por los propios militantes que -como Darío intentó con Maximiliano- se ayudaron unos a otros en tan difícil situación.
Desde el inicio, se presentaron demandas penales contra los autores materiales (dos de ellos serían finalmente los únicos condenados) y contra los autores intelectuales de la masacre. Lo que hoy algunos “progresistas” pretenden presentar como un “montaje mediático desestabilizador”, en aquellos días casi nadie lo ponían en duda: el hecho más que evidente de que había sido el gobierno del Senador Nacional Eduardo Duhalde (en funciones presidenciales como resultado de la crisis de gobernabilidad desatada en diciembre de 2001 a la que pretendían poner fin “a lo guapo”) el primer responsable de las acciones que llevaron a la escena de la Estación Ferroviaria de la localidad de Avellaneda (hoy Estación Maxi y Darío, ya que allí fueron asesinados de un modo cruel) y al Operativo Represivo que bien pudo haber matado muchos más.
No quiero cansar con citas pero cualquier lector inquieto que acceda a Internet puede recorrer los diarios de junio de aquel año para confirmar lo que digo (particularmente Pagina 12 que todavía jugaba al “periodismo independiente”, crítico de la impunidad y el neoliberalismo.
La masacre del Puente Pueyrredón es un Crimen de Estado y como tal la responsabilidad de las máximas autoridades del momento es indiscutible.
En un texto indispensable, “El crimen de estado como objeto de la criminología”, editado por Infojus y disponible en Internet1, dice el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni: “El crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de la criminalidad organizada por excelencia” y más adelante afirma que “Ningún crimen de estado se comete sin ensayar un discurso justificante” .
¿Cuál sería la opción alternativa a que el crimen de Maxi y Darío fue un crimen de Estado?
Pues, nada menos que pensar que Franchiotti organizó por su cuenta un operativo represivo que fue preparado con suficiente anticipación como para que desalojaran un hospital (el Fiorito) para recibir los heridos; que el mismo Franchiotti pusiera en marcha un operativo conjunto de fuerzas federales (la Federal, la Gendarmería y la Prefectura) y provinciales y que él mismo, a lo máximo ayudado por algún amigo o camarada de armas espiara a los militantes del movimiento piquetero en la Asamblea de Guernica y luego montara una leyenda para justificar el Operativo, la represión y hasta el asesinato de alguno por “exceso “ o “daño colateral”: los piqueteros escalarían la violencia hacia un “golpe de estado” que volteara el gobierno nacional.
Franchiotti además debía tener la capacidad de ordenar al gobierno nacional que presente una denuncia penal contra los piqueteros equiparando la lucha popular con una acción golpista desesestabilizadora de un gobierno democrático como el surgido de las ruinas de la Alianza (les suena?, el viejo truco de la desestabilización usado para un lavado y para un fregado por quienes ayer acusaron y hoy son acusados de lo mismo)
El mismo Zaffaroni en el articulo teórico dice algo muy pertinente: “La idea ingenua y simplista del crimen de Estado como producto psicopatico no pasa de ser un vano intento de calmar la alarma ante la revelación de que alguien análogo a uno mismo pueda cometer semejante atrocidades”.
Hasta ahora el Poder Judicial (el Juez Lijo y los sucesivos fiscales que tuvieron a cargo la investigación por delegación del juez) y la “opinión publica” han preferido simular creer este conjunto de falacias groseras y evidentes para cualquier observador de los hechos del 2002, han negado en los hechos que lo que ocurrió fue un Crimen de Estado y han preferido creer que Franchiotti actuó por su cuenta y al margen de todo plan operativo que tenía entre sus objetivos la muerte de algunos de los militantes o estaba concebida de modo tal que era esperable ese resultado fatal.
Es interesante el modo en que el Tribunal Oral Número Uno de San Martín reflexionó al momento de condenar al General Santiago Omar Riveros por el asesinato de Floreal Avellaneda (Floreal murió en 1976 y Riveros fue condenado en 2009); dijo algo más o menos así: puede ser que el General no supiera que Floreal Avellaneda iba a morir en la sesión de torturas a la que fue sometido pero no podía ignorar que al poner en marcha un operativo masivo y sistemático de secuestro y torturas de militantes populares una proporción importante de estos moriría en ese proceso.
De igual modo podemos afirmar que quienes pusieron en marcha el Operativo Represivo, y lo justificaron ideologicamente de modo tal de estigmatizar las víctimas y naturalizar la violación de los derechos humanos, podrían no saber que morirían Maxi y Darío pero no podían ignorar la alta probabilidad de que en esa jornada del 26 de junio de 2002 murieran compañeros dado el tipo de Operativo puesto en marcha y las ordenes emitidas por una cadena no formal de mando: de Duhalde a Rodríguez y de este a Franchiotti apoyándose en la doble condición de ocupar posiciones claves en el Estado: presidente, segundo jefe de la SIDE y jefe policial por un lado y de pertenecer todos a una misma corriente política que se definía por el anticomunismo y la virulencia en la lucha contra todo aquel que se rebelara contra el orden capitalista.
Eran, de algún modo, los continuadores del Plan de Exterminio que comenzó Isabel Perón y López Rega con la Triple A, continuó Videla con las Fuerzas Armadas en Operaciones y pretendían reactivar estos oscuros caudillos del sur bonaerense, con fuertes vínculos con la mafia, el narcotráfico y la Bonaerense desde mucho tiempo atrás.
Que Duhalde, Rodríguez y Franchiotti fueron parte de la Operación del 26 de junio no quedan muchas dudas.
Lo mismo vale para Juanjo Alvarez, Secretario de Seguridad Interior de la Nación, Luis Genoud, Ministro de Seguridad y Justicia de la Pcia. De Buenos Aires con mando sobre la Bonaerense, Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete de Nación e impulsor de la campaña contra los piqueteros o Jorge Matzkin y Jorge Vanossi, dos radicales que habían llegado al gobierno de Duhalde y fueron los redactores de la denuncia penal contra los piqueteros que el gobierno anuncia con euforia en los momentos en que todavía no se había revelado que Franchiotti había sido el asesino y los medios hablaban de enfrentamientos entre los compañeros
Y hemos dejado para el final a dos personajes que hoy compiten por el cargo de gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no porque creamos que tengan especiales responsabilidades sino porque permiten visualizar lo que la impunidad causa a la democracia: que dos políticos imputados de un crimen de Estado puedan postularse y ganar las elecciones.
Y el voto no es bill de inmunidad, mucho menos de inocencia.
También Patti, antes de ser juzgado por sus delitos de lesa humanidad, ganaba elecciones.
La impunidad es lo contrario a la presunción de inocencia puesto que la inhibe y descarga toda el peso de la sospecha sobre quien no fue investigado ni juzgado, como Felipe Solá y Anibal Fernández, dos candidatos en carrera de ser electo gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Felipe Solá era al momento del crimen nada menos que Gobernador de la provincia de Buenos Aires (el mismo cargo que ostentaba al momento de la desaparición forzada de Julio López en 2006) y como tal cabeza de la cadena de mandos a la que respondían los condenados como autores materiales del crimen. Pero era más, en el 2002 era parte del grupo reducido de funcionarios que rodeaban a Duhalde y tomaban las decisiones trascendentes.
Anibal Fernández era al momento del crimen, Secretario General de la Presidencia ejercida por Eduardo Duhalde y como tal partícipe del diseño de las políticas de estigmatización, descalificación y represión del movimiento piquetero que no dejaba de movilizarse y luchar por acceder a condiciones mínimas de supervivencia en medio de la más cruda crisis de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, en general una crisis de todas las variables de la vida social.
Claro que no encuentran actas del Gobierno u ordenes escritas del Presidente al Servicio de Inteligencia y de estos a las fuerzas de “seguridad”, Policía Bonaerense, la Gendarmería, la Prefectura y la Federal que participaron en el Operativo.
Así no suceden los crímenes de Estado y ofenden la inteligencia quienes “pìden” tales pruebas.
Fue la investigadora norteamericana norteamericana Patrice Mc Sherry en su libro “Los estados depredadores. La Operación Cóndor y la guerra encubierta en América Latina”, 2009, LOM Ediciones, la que demostró que los Estados que desplegaron acciones de terrorismo (terrorismo de Estado), generaron a su interior espacios estatales clandestinos que no respetaban ni las propias leyes estatales, no aferrándose a las normas que emanaban del propio poder y generando un estilo de accionar particular que construía sus propios sistemas de legitimación y de transmisión de ordenes y directivas. Y fue de ese modo que se organizó y perpetró el crimen de Avellaneda.
Utilizando canales clandestinos que en principio unen a Duhalde con el segundo de la Side, Oscar Rodríguez, con Luis Genoud, hombre fuerte de la derecha peronista del sur bonaerense y con Franchiotti, el policía que les respondía desde hacía mucho tiempo.
Pero nada sabemos con exactitud porque el Estado nunca investigó, y la impunidad tiene efectos, vela la verdad, la pone en dudas y nada es seguro aunque todo sea más que posible..
Es la impunidad que el Estado en todas sus formas de administración (el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) ha garantizado, el que impide que sepamos con precisión el modo en que se encubrió y ejecutó la Operación del 26 de junio de 2002, pero que Felipe Solá y Anibal Fernández estaban allí es lo indiscutible.
Como es indiscutible el rol de Anibal Fernández de emisor del discurso de justificación del Operativo: los piqueteros son golpistas y hay que preservar la democracia sea como sea, era el mensaje de sus intervenciones antes y después de la Masacre, tanto que Pagina 12 del 29 de junio le llama la atención de que después de la aparición del material gráfico que revelaba el asesinato a sangre fría de Maximiliano y Darío, el resto del gobierno ya había cambiado el discurso, como siempre Anibal sobreactuaba su papel.
Decía Pagina 12 a siete días de la Masacre: “Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia, quizás no tuvo tiempo para procesar el cambio de discurso oficial que produjo la evidencia periodística, gracias a la cual pudo desentrañarse que la policía fue la culpable de las muertes, tal como Página/12 viene sosteniendo desde el día en que se produjeron los asesinatos” y luego lo cita textualmente. “No hubo provocación; hubo una vocación formal de que sucediera lo que sucedió, así se planteó. Yo lo sé hace 20 días y hace 20 días (los piqueteros) vienen diciendo ‘vamos por un 19 y 20 de diciembre”. Repetía, sabiendo que mentía, los inventos de la SIDE y los agentes provocadores como el inefable Hadad, el periodista todo terreno para justificar crímenes de Estado y violaciones de derechos humanos.
Casi nadie cambia, y las conductas de Hadad y Fernández ante la represión en la Panamericana a los trabajadores de la línea 60 lo confirman.
Faltaría terminar con una reflexión de Daniel Feierstein sobre los Genocidios que es aplicable a este caso: el genocidio se realiza simbólicamente en las acciones de falseamiento y ocultamiento de los hechos de modo tal que todo parezca que no ocurrió o que ocurrió casualmente o por obra de un grupo de locos o malvados individuales. La poderosa voluntad de silenciar las responsabilidades políticas del crimen de Maximiliano y Darío por parte de las dos fracciones de la burguesía y el Imperio que domina estos lares, por ocultar el hecho y salvar a Anibal Fernández y a Felipe Solá es un modo más de confirmar el carácter estratégico de aquel crimen de Estado, y por ende, la importancia trascendente de esclarecerlo hasta las últimas instancias, tal como el ex presidente Néstor Kirchner le prometió a Alberto Santillán en los primeros días de su mandato. Pero como tantas otras promesas, las palabras fueron por un lado y los hechos por otro.
Por todo ello, nosotros seguiremos sosteniendo la causa judicial radicada ante el Juez Lijo y promoveremos un amplio movimiento de esclarecimiento de los hechos. No es solo un deber ético, es una cuestión de defender la democracia de la repetición de hechos como aquellos que hoy asoman en el crecimiento de la tortura, el gatillo fácil, la destrucción de las humanidades en las cárceles estatales y en el creciente accionar represivo contra los que luchan, accionar que, oh casualidad, es justificado con pasión por el mismo Anibal Fernández2, aunque ahora Felipe Solá considere que toda represión es poca y reclame más y más mano dura. Aunque parezcan que pelean solo están dirimiendo el rol que cada uno jugará en un drama que ya lleva muchos años de acción. Es tiempo de terminar con la impunidad de los crímenes de Estado. De todos ellos

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