Frenan detención de civiles y militares por la represión en Acindar….nota de Tiempo Argentino del domingo 22 de junio


Frenan detención de civiles y militares por la represión en Acindar

Un juez provincial reclamó el pase de la causa a Santa Fe en momentos en que el juez porteño Oyarbide se disponía a detener a varios acusados.

 Justo cuando el juez federal porteño Norberto Oyarbide se disponía a indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de la empresa Acindar, por el operativo represivo desatado en Villa Constitución en marzo de 1975, su par de Rosario, Marcelo Bailaque, solicitó que la investigación pasara al fuero en Santa Fe.

Bailaque planteó la inhibición de Oyarbide para investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra trabajadores metalúrgicos en aquel momento, por entender que esos hechos se produjeron en terreno santafecino, y solo él puede analizarlos. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante, el sorpresivo interés demostrado ahora por el magistrado intenta congelar la causa. Y acaso archivarla para siempre.
El pedido de Bailaque, además de inconsistente, es absolutamente extemporáneo, y llega 40 años más tarde. Nunca antes la justicia santafecina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar aquellos reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa. Y es singular que lo haga ahora, antes de que por primera vez varios de sus antiguos directivos sean detenidos.
La maniobra de Bailaque, además, tira un salvavidas al ex general Alcides López Aufranc, sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la Dirección de Acindar cuando el ex ministro de Economía tuvo que dejar el puesto para hacerse cargo de la caja recaudadora de la dictadura. Increíblemente, el genocida Aufranc esquivó distintas denuncias en su contra a lo largo de estas cuatro décadas, gracias a la cintura de sus abogados. Pero esta causa en particular lo incrimina con un documento que Tiempo Argentino incorpora en la presente nota: la carta con su firma manuscrita que el entonces general del Ejército envió al Directorio de la metalúrgica en 1977, tomada como prueba de la colaboración de Acindar en esos secuestros y desapariciones masivas.
Hay otros que también estaban a punto de ser detenidos, y ahora, gracias al juez rosarino, deben estar respirando aliviados. Como Arturo Acevedo, integrante del grupo familiar fundador, y los directivos Pedro Aznárez y Roberto Pellegrini.
QUE NO QUEDE NINGUNO. El 20 de marzo de 1975, un operativo articulado entre las bandas represivas policiales de la Federal y la santafecina, la Guardia Rural “Los Pumas” –fuerza de choque similar a “Los Cardenales” creada por la empresa inglesa La Forestal en los años 20–, Prefectura Naval, la Secretaría de Inteligencia del Estado, Gendarmería, matones del Ministerio de Bienestar Social, militares y pistoleros de la Triple A, invadieron Villa Constitución y detuvieron a 300 trabajadores que venían resistiendo persecuciones y despidos masivos. El gobierno de Isabel ordenó reconvertir el Albergue de Solteros de la planta como cárcel clandestina. Una veintena de militantes continúan desaparecidos.
Carlos Del Frade, uno de los periodistas que investigó el despliegue, sostuvo que los camiones y autos utilizados por las fuerzas de seguridad ocupaban “una columna de un kilómetro y medio” de  largo. “Policías provinciales, federales, hombres de la pesada de la derecha sindical peronista y personajes como Aníbal Gordon, entre otros, hicieron del Albergue de Solteros de Acindar el primer Centro Clandestino de Detención del país. Había una razón de peso: el ex comisario de la Policía Federal, Rodolfo Peregrino Fernández, confesó que Martínez de Hoz, presidente de Acindar, pagó cien dólares a cada uno de los represores”.
La Iglesia también fue invitada a la fiesta. El cura misionado en las localidades de Pavón, Empalme y Theobald, Samuel Martino, festejó la matanza haciendo sonar las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol.
El despliegue fue total. Las policías se reservaron la zona de la fábrica y los barrios lindantes. El local de la UOM de la Villa fue clausurado, y la mayor parte de su Comisión Directiva, con Alberto Piccinini a la cabeza, fue detenida. Sólo en la ruta que conecta la Villa con San Nicolás y Rosario, se contabilizaron más de cien vehículos integrantes de los grupos de choque, con un promedio de tres personas en cada uno. Entre otros, del asalto participaron los comisarios Córdoba Caín y Antonio Fischietti; los oficiales Salas, Morales, Muñoz, Mojica y Miranda; los agentes Chamorro y Castillo entre el grupo Los Pumas; y algunas bandas policiales encabezadas por Raúl Ranure.
Durante varias semanas de resistencia, las asambleas en la planta llegaron a superar los 3000 trabajadores. Hasta el 19 de mayo de 1975, cuando después de dos meses de huelga, una brutal represión final logró que los manifestantes desocuparan el predio. Los dieciséis miembros de la Comisión Directiva de la UOM local fueron trasladados al penal de Rawson.
LO QUE BAILAQUE ABORTÓ. A fines del año pasado, Oyarbide determinó que el grupo empresario fue clave en la gigantesca represión montada el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafecina de Villa Constitución contra trabajadores de la UOM. Y que por su grado de preparación y despliegue, el operativo merecía una investigación especial.
El tema venía siendo analizado dentro del expediente 1625/2010 a partir de una querella presentada por la Liga, pero dentro de una causa más amplia, la 1075, que abarca cientos de delitos cometidos por la Alianza Anticomunista Argentina. Los avances logrados en el expediente en los últimos cuatro años motivaron que Oyarbide le concediera al “Villazo” un tratamiento aparte.
La pesquisa apunta sobre todo a Isabel, Martínez de Hoz, López Aufranc y el Directorio de la empresa. En ella, el juez porteño incluye un trabajo realizado por el antropólogo Jorge Winter, donde se sostiene que “los vehículos desde los cuales partieron las balas que mataron a un trabajador portuario y a un vendedor de diarios en abril de 1975 habían tenido libre acceso al camino de INDAPE, firma entonces controlada por el grupo Acindar. Al día siguiente, durante la movilización de los trabajadores de Acindar en contra de esos asesinatos y otras intimidaciones, un helicóptero de la Policía Federal se dedicó a ‘marcar’ y a hostigar a los manifestantes. Dicho helicóptero había estado estacionado (y desde allí había partido para reprimir a los trabajadores) en el helipuerto de Acindar”.
La existencia de un destacamento en el interior de la fábrica fue confirmada por varios testimonios. Uno de ellos es el del ex comisario inspector Carlos Rampoldi: “En el año 1977 ingresé a la Jefatura de la Policía de Villa Constitución  en el cargo de comisario inspector a cargo de la División Informaciones. En ese momento, el grupo de Los Pumas ya estaba acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas”.
La red para desaparecer, secuestrar y asesinar a los trabajadores se extendió a otras firmas del grupo, como Metcon, Vilber y Marathon. El trabajo sucio lo encabezó Fischietti, conocido como “Don Chicho”, entonces delegado policial en Tucumán y jefe del Area IV de Seguridad Federal en el noroeste.
En la resolución que ahora intenta dormir Bailaque, Oyarbide sostiene que “se involucra la responsabilidad del Directorio de una empresa como Acindar, cuyo presidente en el momento de los hechos era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego de ocurrido el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 pasó a ser el ministro de Economía del gobierno militar que tomó el poder, circunstancia ésta que no puede soslayarse, dado que los intereses económicos de Acindar, prima facie, no parecen ajenos a la represión que se desata el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución”. Y agrega: “Por otra parte, la represión contra los militantes, empleados y delegados gremiales de Villa Constitución, que comenzó en el año 1975, continuó bajo el gobierno militar”.
El juez brinda ejemplos concretos de esa continuidad. Como el de Nadia Doria, delegada de Acindar  y ex compañera del dirigente metalúrgico perseguido Alberto Piccinini. Doria fue detenida por primera vez aquel 20 de marzo, y nuevamente en marzo de 1976. La dictadura la fusiló en enero del año siguiente.
MANIOBRA DILATORIA. Con el débil argumento de que la represión se produjo en Santa Fe –algo cierto, pero que no limita el análisis de lo ocurrido sólo a esa provincia–, el intento de Bailaque para sacarle la causa a Oyarbide muestra varios puntos flojos en lo jurídico. Resta importancia, por ejemplo, a que el operativo represivo se haya originado en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la movilización de fuerzas federales hacia Villa Constitución; y un comunicado del gobierno nacional de la época, reservándose la custodia de los detenidos. En respuesta al pedido de inhibitoria del juez porteño, la Liga se basó en testimonios de los testigos Juan Jesús Martínez y Jorge Aníbal Lozano Windus, ex miembros de la Policía Federal, que reconocieron haber sido convocados especialmente para la movida.
“Desde esta querella –afirma la Liga–, estamos probando que la asociación ilícita entre funcionarios nacionales, empresarios de Acindar y jerarcas militares no sólo se limitó a los hechos de Villa Constitución, sino que trascendieron a los mismos, puesto que la empresa criminal que emprendieron continuó con su secuencia de secuestros, asesinatos y negocios espurios con posterioridad al 20 de marzo de 1975. Es esta la hipótesis que se debe seguir investigando…  y es al Juzgado Federal Nro. 5 a cargo del Dr. Norberto Oyarbide a quien le corresponde entender en esta investigación”.
El escrito, firmado por Graciela Rosenblum en representación del organismo, sostiene que “la causa ha avanzado, se sigue incorporando prueba, se insta a diversas indagatorias, siguen declarando testigos. Lo único que hace este planteo de inhibitoria, es retrasar la dinámica de la etapa instructoria actual, con el consiguiente beneficio de los posibles imputados, que ven con agrado cómo se aleja la posibilidad de ser juzgados alguna vez por las atrocidades realizadas”.
Para la Liga, el manotazo del juez rosarino es “una maniobra dilatoria que otorga impunidad”
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