No regalar lo conquistado…..nota de opinión publicada por el portal notas.org.ar


Por José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Una mirada sobre el actual debate en relación al proyecto de disolución del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires con respaldo del Estado Nacional.

El Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IEM) es el único ámbito de gestión de políticas publicas de memoria que tiene autonomía y autarquía, es decir, que sus políticas no son “del gobierno de turno” sino que son decididas por un Consejo Directivo donde tienen mayoría propia los representantes de los organismos de derechos humanos y un conjunto de compañeros de amplia trayectoria en esta lucha. Actualmente componen el Consejo Directivo representantes del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) que preside Adolfo Perez Esquivel, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que participa por medio de su presidenta Marta Vásquez, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la organización Hermanos, y compañeros como Víctor Basterra, Beinusz Szmucler, Lita Stantic, Alcira Argumedo, Stella Calloni y Ana María Careaga, junto a representantes de los bloques legislativos y del poder ejecutivo de la ciudad.

El IEM es una verdadera “anomalía” en un país donde lo público se confunde con lo estatal y lo estatal se toma como un botín de guerra para el partido político que es transitoriamente mayoría. El carácter autónomo del IEM es su máxima fortaleza y ventaja a defender puesto que de perderla (ya sea por disolución o por transferencia de los sitios a su cargo a otros ámbitos puramente estatales) las políticas públicas de memoria volverían a ser políticas de gobierno y sujetas al cambio de ocupante de la Casa Rosada en el 2015. El simple examen de las políticas de gestión de los sitios de Memoria y de producción ideológica del IEM durante los gobiernos de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri permitiría a cualquier verificar nuestra autonomía política.

La autonomía del IEM no fue un regalo, sino el resultado de las luchas populares para impedir que Carlos Menem demuela y lotee la Esma y fue sancionada por la primera Legislatura que tuvo la ciudad, siguiendo la tradición de la Reforma Universitaria y los nuevos vientos constitucionalistas de América Latina que se preocupan por distinguir lo publico de lo estatal. Pero esa autonomía, que permitió gestionar los sitios de memoria de la Ciudad, como Virrey Cevallos, Orletti, Olimpo, Atlético y los edificios emblemáticos de la Esma como el Casino o el Cuatro Columnas, de un modo ejemplar, respetando su significado histórico y evitando la banalización, no ha sido gratuita.

Sufrimos las restricciones presupuestarias de Macri y el acoso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (sobre todo, luego del fallecimiento del compañero Eduardo Luis Duhalde). Finalmente, se firmó un acuerdo entre Nación y Ciudad para terminar con la experiencia que molestaba a ambos. A Macri, porque el IEM construyo una mirada de reivindicación de las luchas de los 70 (el libro sobre Terrorismo de Estado construido por el Consejo y redactado por Osvaldo Bayer, Atilio Borón y Julio Gambina es un alto ejemplo) y un compromiso latinoamericano impecable; al Gobierno Nacional porque es el único ámbito de autonomía que sabe valorar los pasos positivos pero no se subordina a nadie. Esa es la razón por la cual algunos organismos, encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en rechazo a la postura del IEM contra la Ley Antiterrorista de 2007, se retiraron de las reuniones del Consejo y comenzaron un vaciamiento que hoy parece culminar en una acción que tarde o temprano caerá sobre todos los luchadores por la Memoria, la Verdad y la Justicia porque –y esto debe quedar muy claro- están poniendo la gestión de los sitios de memoria, incluyendo la Esma, en manos del próximo gobierno nacional. Prefieren que los gestione Massa, Scioli o Macri antes de compartir debates y construir consensos con los organismos de derechos humanos que sostuvimos el IEM hasta hoy. No solo es una grave falla ética, es un error político grave que pone en peligro el legado histórico. Tanto hablar de los que son funcionales a la derecha para ser los perfectos funcionales de la derecha que sin esfuerzo se queda con la Esma y la Memoria institucionalizada.

Pero la decisión de acordar con Macri y las derechas para terminar con la experiencia de autonomía del IEM no es un rayo en un cielo azul; todo lo contrario, es inseparable de la designación del Gral. César Milani como Jefe del Ejercito, del ascenso de Sergio Berni a la conducción del verdadero aparato armado del Estado que es la conjunción de Gendarmería, Prefectura, Policías Provinciales y Federal, más el Servicio Penitenciario Federal y las FFAA como tal, la designación de Alejandro Granados con su discurso de mano dura y el proyecto de represión a las movilizaciones populares de los supuestos progresistas Carlos Kunkel y Diana Conti. Y no es que todo empezó a fin del año pasado, pero las tendencias regresivas que se alimentaron estos años (mano dura, represión a los pueblos originarios, tortura en sede policial y penitenciaria, Leyes Antiterroristas, etc.) ni eran dominantes ni eran avaladas desde el gobierno nacional. El discurso de Cristina Fernández ante el Parlamento del 1º de Marzo avala y potencia estas tendencias, pone marco y explica el acuerdo con Macri y presagia tiempos difíciles para la vigencia de los derechos humanos concebidos como aquellas conquistas populares en marcha hacia una mejor vida para todos, y también para las políticas publicas de Memoria que con esta decisión arbitraria y regresiva, comienzan su retroceso. Es la hora pues, de la unidad en defensa de lo conquistado y también el tiempo para que cada cual demuestre su compromiso con la causa de los treintamil. Tenemos plena confianza en que amplios sectores populares no regalarán nada de lo conquistado ni permitirán la banalización de la sangre derramada

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