Un nuevo 24 de marzo; otra política de memoria, seguridad y control social, otra política de derechos humanos.


Si cada 24 de marzo es ocasión para el balance de la lucha contra la impunidad y para pensar la vigencia de los derechos humanos, este del 2014 viene cargado de presagios negativos. La designación de Milani al frente del Ejercito, el ascenso de Berni en el área de “seguridad”, la designación de Granados en el mismo puesto en la provincia de Buenos Aires, los acuerdos para que los yanquis del FBI y la DEA “entrenen” “supervisen” las Policías de Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y otras;  y el acuerdo del Gobierno Nacional con Macri para disolver el Instituto Espacio para la Memoria e instalar contra viento y marea un Museo en el ex edificio Casinos de Oficiales de la Esma son los emergentes de un proceso más contradictorio y profundo que amenaza con banalizar lo conquistado y abrir un nuevo ciclo represivo en forma[1].

El primero de esos hechos graves fue la designación de Milani como Jefe del Ejercito a pesar de su probada participación en el Operativo Independencia, en el secuestro de un soldado desaparecido y en los maltratos hacia otros presos políticos en La Rioja. La ratificación de Milani como Jefe y su ascenso a General de la Nación  tiene por lo menos tres efectos muy negativos, en desarrollo:

a)                      Golpea la base misma de los juicios: la credibilidad del testimonio de los sobrevivientes y de los familiares.  Al equiparar a Milani con sus víctimas se ha dado un paso atrás para los la continuidad de los juicios y se ha regalado en bandeja un argumento de peso para que una futura y distinta Corte Suprema interrumpa o aún modifique el proceso de juicio y castigo. Con esa postura el oficialismo y sus aliados progresistas  se colocaron del lado de la derecha nostálgica de la impunidad. Desde 1983, el punto de ¿a quién creer: a la víctima o al victimario? ha sido el parte agua entre golpistas y partidarios de la ampliación de la “democracia representativa”

b)                      Se viene legitimando, incluso en el discurso del Ministro Rossi, el accionar militar contra el narcotráfico, eje de la estrategia norteamericana de adecuación de las fuerzas armadas latinoamericanas para sus designios. Es francamente absurdo el argumento que la Inteligencia Militar y las Patrullas del Ejercito en zonas “calientes” del combate contra los narcos, solo será de “apoyo” para la Gendarmería u otras fuerzas que por tradición, encuadre institucional y cultura son subordinadas al Ejercito y no sus mandantes.  También  frena el proceso de debate y construcción de una nueva doctrina militar para América Latina que se había comenzado en tiempos de Garré y que había “congelado” la gestión de Puricelli; con Milani en la Jefatura del Ejercito,  la creación de la Universidad y otras acciones similares son patéticas, si se toma en cuenta que han vuelto a dar clases en el Ministerio de Defensa “expertos” del Comando Sur, o que el actual Jefe de Gabinete fue el que firmó el acuerdo para que la Cuarta Flota se instale en el Chaco, muy cerca del famoso objetivo yanqui de la Triple Frontera (frustrado por la resistencia popular que condicionó al gobierno nacional a desandar lo avanzado por Capitanich).

c)                      Con todo desparpajo se viene reinstalando la labor de Inteligencia sobre el movimiento popular que excedería largamente al Proyecto X, defendido en su momento por la propia Ministra Garré y que ahora cuenta con un nutrido grupo de Personal de Inteligencia en la conducción del Ejercito y se sabe que un oficial de Inteligencia no deja nunca de reportar al mandante último, o sea la CIA.

Hemos llamado la atención más de una vez sobre la modificación del aparato armado del estado en la Argentina como resultado del fracaso de la Dictadura Militar y las nuevas tendencias universales en el tema. Ha sido el mismo Capitanich quien ha descripto en estos días el crecimiento inusitado del aparato armado del estado en la Argentina, en paralelo al proceso de integración latinoamericana que borraría (se supone) las históricas hipótesis de conflicto de los militares nacionalistas: Chile y Brasil.  Son nada menos que cuatrocientos mil si sumamos las fuerzas del Ejercito, la Armada, la Aeronáutica, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional, la Policía Federal, la Policía Aeronáutica, las policías provinciales y los integrantes armados de las agencias privadas de seguridad que por ley deben ser dirigidas por ex integrantes de las fuerzas de seguridad; y el Ministro no ha sumado los miles y miles de agentes de los Servicios de Inteligencia del Estado y de las Fuerzas Militares, Policiales, etc.

No son menos que en épocas de la dictadura militar, son muchos más, mejor armados, mejor estrenados y con el capital acumulado de inteligencia en un largo ciclo que arranca en 1930 con la creación de la Sección Especial de Lucha contra el Comunismo, corazón de la Inteligencia como arma que jugó el rol principal en la lucha por desmantelar las organizaciones político militares.  Es interesante como al analizar la resolución judicial sobre el grupo mafioso Los Monos de Rosario, el compañero Carlos del Frade llega a conclusiones semejantes a las nuestras: “en la vida cotidiana, en las calles del Gran Rosario, los integrantes de la Policía Federal, de la provincial y de Prefectura, trabajan juntos, tal como lo hacían en la dictadura cuando conformaban lo que llamaban “fuerzas conjuntas”. Esa matriz se ha reciclado para generar mucho dinero de forma ilegal a partir del dominio de los territorios como bien marca Vienna.   Hecho que, por otra parte, vuelve a señalar lo repetido hasta el hartazgo desde estas columnas: no hay ausencia del Estado, existe una clara presencia corrupta de parte del Estado a través de sus fuerzas de seguridad. La histórica resolución del doctor Juan Carlos Vienna así lo demuestra.” [2]

El otro hecho de significación cualitativa es el ascenso del Coronel Berni a la conducción real del Ministerio de Seguridad y acaso algo más. Berni, un militar que tuvo asiento en el Sur Patagónico, fue uno de los principales operadores políticos para desmontar la movilización piquetera del 2001/2003 y de allí fue ascendiendo. Portavoz de un discurso grosero de exaltación de la mano dura, de la represión, de la lucha contra la izquierda[3] saboteó y enfrentó los esfuerzos de Garré por “democratizar” las fuerzas de seguridad y luego de su caída se ha transformado en el verdadero jefe del enorme dispositivo de hombres armados por el Estado (nos referimos a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Nacional, la Policía Federal, las Policías Provinciales con las que ha tejido acuerdos políticos institucionales, la Policía Aeronáutica y el temible Servicio Penitenciario Federal que mantiene el status militarizado que le impuso la dictadura). Es la confluencia de ese espacio represivo con las mafias delincuenciales que manejan la droga, la prostitución y la venta de autos robados con los punteros políticos que genera aquello que algunos denominan la “zona gris” (Javier Auyero, 2013) que ocupa el espacio de poder en el territorio. Es esa “zona gris” lo que explica el cambio casi mecánico que sufre el voto popular cuando los punteros cambian de camiseta (lo que se observó en el proceso electoral último en el Gran Buenos Aires donde la “compra” de un intendente trajo casi invariablemente los votos del territorio desmintiendo en los hechos la construcción política de aquellos que alardeaban de penetración territorial en los sectores más postergados).

¿Cómo leen las fuerzas del estado armadas la designación de un troglodita como Granados o las declaraciones de Berni contra los que cortan calles y la izquierda en general?   Como un guiño a sus prácticas represoras: el gatillo fácil, la tortura en sede policial y penitenciaria, la represión a la protesta social que se promete cada día de un modo más desembozado.  ¿Tiene acaso otra interpretación la competencia entre Massa e Iribarne por ver quien estigmatiza más a los niños y adolescentes pobres como futuros delincuentes?     ¿Y las sucesivas renuncias en la conducción del Servicio Penitenciario Federal, luego de una interminable seguidilla de falsas “fugas” (que incluyeron connotados represores como el que se fue del Hospital Militar?)    ¿No es obvio que es cuasi una rendición del kirchnerismo ante la mafia que maneja las Cárceles Federales y Provinciales.?

En febrero del 2014, varios funcionarios nacionales encabezados por Berni participaron de las sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)[4] inaugurado por un discurso del secretario general adjunto de la OEA donde este afirmó “Los líderes de nuestros Estados Miembros han dejado claro en sus palabras y acciones que el terrorismo debilita los pilares que esta Organización defiende y promueve”. Es coherente, un gobierno que desde Néstor Kirchner viene aprobando leyes contra el terrorismo ahora da un paso más y acepta la conducción de los yankees en los temas de defensa y seguridad. Digo, para los que nos decían que la Ley no tenía efectos prácticos, esperemos al menos que asuman su responsabilidad y propongan derogar la Ley y retirar la Argentina de toda articulación hegemonizada por los yankees con el cuento de la lucha antiterrorista o contra el narcotráfico. Y eso vale para peronistas, radicales y socialistas, que fue Binner quien acaba de volver de reunirse con la DEA y acordar el ingreso de la DEA y el FBI (o sea la CIA) al territorio provincial.

Lo que comenzó con una “picardía” política: abandonar la “transversalidad” política de los primeros años del kirchnerismo para consolidar la alianza con los barones del conurbano ha terminado del peor modo: no fue el kirchnerismo el que cambió la hegemonía en el territorio sino que esa hegemonía (la  “zona gris”[5]) se fortaleció, se impone al proyecto nacional y ha legitimado la cultura represora de un modo feroz.   Esa cultura represora ha llegado al punto de volver a tener presos políticos con condena judicial en firme, y nada menos que al jefe político de una organización política de izquierda de larga trayectoria como es Quebracho.  Alguna vez se dijo que la actitud hacia los presos políticos es el umbral, el límite de la subjetividad de un militante popular, y de manera especial, de un militante por los derechos humanos. Por si hiciera falta aclararlo, no es que avalemos o asumamos la estrategia y la táctica política de Quebracho, sino que mantenemos incólume la tradición más prístina de la Liga: defendemos y nos solidarizamos con todos y todas las que luchan contra el capitalismo, del modo que fuera.

Y el tercer hecho gravísimo que conforma la nueva tendencia regresiva en el terreno de los derechos humanos es el acuerdo del gobierno nacional con Macri para disolver el Instituto Espacio para la Memoria,  transferir los edificios que hoy son Centros de Memoria a Nación y construir dos museos de memoria en la Esma: uno en el Casino y otro en el Cuatro Columnas. El gobierno ha decidido monopolizar el capital simbólico de la memoria, usurpar para sí lo que es construcción plural y colectiva. Puesto ante la opción de acordar con los organismos autónomos que conformamos el Consejo Directivo del IEM o acordar con la derecha explícita, eligió la segunda opción dinamitando los puentes del dialogo que paciente y generosamente habíamos construido en estos últimos meses. Las consecuencias todavía son inciertas pero el daño es indudable, el movimiento de derechos humanos ha quedado más dividido: una parte cada vez  más funcional a los caprichos del gobierno de turno y otra parte que –no sin dificultades ni confusiones- procura mantener la autonomía y las banderas históricas de la lucha por la memoria, la verdad y la Justicia.

Qué molestaba del IEM? Pues, nada menos que la autonomía. El hecho indiscutible que el IEM mantuvo su política bajo los gobiernos de Ibarra y Telerman como bajo el de Macri. Y es esa autonomía que tanto molesta al gobierno nacional, la mejor defensa de las políticas públicas de memoria que gestamos entre todos y que ahora, al transformarse en políticas de gobierno, son tan transitorias como los gobiernos. El IEM mantuvo la misma política de memoria bajo los gobiernos de Telerman, Ibarra y Macri. Para que se entienda bien el significado de la disolución del IEM, el próximo director de los Museos de la Esma los designará el próximo presidente: Massa, Scioli, Macri?..Para el caso es igual.

La situación es pues muy contradictoria. Por un lado se configura una tendencia regresiva que comienza a actuar dentro de este gobierno casi como un anticipo de un posible triunfo de un gobierno peronista clásico con más vínculos con los yanquis pero por el otro, los efectos de diez años de ampliación de derechos, de juicio y castigo a los represores, de vinculaciones muy fuertes con América Latina en movimiento no han dejado de impactar en un movimiento popular que está en condiciones de asumir las enseñanzas de estos días: solo con cambios más y más profundos se puede avanzar en un proceso de conquista de derechos para todos y el sujeto de ese proceso no puede ser otro que el pueblo mismo. Las ilusiones en que una fracción de la burguesía nacional, un grupo de entusiastas “amigos del pueblo” o el propio aparato del Estado conquisten derechos para el pueblo terminan siempre en las frustraciones más dolorosas. La secuencia Milani, Berni, Granados, usurpación de la Esma, lo confirman.

José Ernesto Schulman

es secretario de la

Liga Argentina por los Derechos del Hombre

y publica en Cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com


[1] la represión no dejó de ejercerse sobre los luchadores y los pobres pero hasta ahora era algo “vergonzante” para el poder ejecutivo nacional que pretendía era responsabilidad de las provincias. Hablamos de una ofensiva general y sostenida por la Presidenta tal como anuncia en sus últimos discursos cargados de amenazas a los docentes en huelga y los que cortan calles o rutas.

[5] el concepto es de Javier Auyero y está desarrollado en su último libro: La Zona Gris : VIOLENCIA COLECTIVA Y POLITICA PARTIDARIA EN LA ARGENTINA CONTENPORANEA y refiere a la alianza entre punteros políticos, policías y fuerzas de seguridad con las mafias delictivas, en primer lugar de la droga y la prostitución.

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