El fin de año trajo dos novedades importantes en el tema de la memoria de los hechos ocurridos en el periodo de despliegue del terrorismo de Estado: uno es la votación por Diputados de un subsidio para víctimas de un ataque Montonero y el otro es el fallo del TOF Nº 1 de La Plata, en la causa Circuito Camps, que considera los hechos ocurridos encuadrados en la figura de Genocidio, tal como la definió la Convención correspondiente de 1948.

Y es que lejos de ser un reflejo pasivo y automático de los sucesos históricos (de la historia como proceso social realmente ocurrido), la memoria, en modo similar al resto de la historia de la que es parte componente  (pero ahora la historia como relato de lo ocurrido, y por ello, siempre pensado desde el presente y desde una cosmovisión definida, ideológica/cultural) es antes que nada el resultado de la lucha de clases en el terreno cultural, un modo específico del resultado de esa confrontación que se libra cotidianamente, y no solo por medios “culturales”, sino también jurídicos, políticos y artísticos.

La media sanción por Diputados del subsidio en cuestión, abre las puertas para el retorno de la teoría de los Dos Demonios[1] como lo insinúa la rápida reapertura de la Causa Rucci tanto como la inclusión en el fallo sobre los delitos cometidos en el llamado circuito Camps, de la calificación de Genocidio, consolida una tendencia a superar las miradas parciales sobre el terrorismo de Estado y asumir que nadie mató por matar, que no se torturó por perversión sino en busca de instalar un modelo de país, un modo de existencia del capitalismo que ahora todos nombran como neoliberal, que modificó radicalmente la sociedad argentina[2] de modo tal que el único modo de entenderla es pensarla como una sociedad post genocidio, lo que obligaría a dar pasos que hasta ahora ni se mencionan en el discurso oficial como serían la anulación de todas las leyes de la dictadura, empezando por las reformas a las leyes laborales, la reversión de todas las privatizaciones y su transformación en empresas públicas (de propiedad estatal pero gestión popular) y el inmediato aumento de salarios y pensiones para que la parte de la renta nacional que llega a los trabajadores o los que lo fueron, o buscan trabajo, llegue al 50% real; así como la extirpación de la cultura represora de todas las fuerzas que portan y usan armas (las “nuevas fuerzas armadas”. Como dijimos más de una vez, la obstinada negativa del Poder a hablar del Genocidio no es una cuestión judicial, sino política/cultural[3].

De ambos temas hemos escrito largamente y a esos textos nos remitimos para el lector que quiera ampliar la información;  en esta ocasión queremos llamar la atención sobre el silencio casi absoluto con que ambos temas han sido tratados por los medios de comunicación comerciales, tanto los que responden al grupo llamado hegemónico (Clarín y sus multimedios, La Nación o la CNN en español) como los que se podrían referenciar en el grupo autodenominado independiente o progresista (Pagina 12, Canal 7 y aún Telesur).

Ninguno de ellos ha considerado pertinente darle un tratamiento adecuado a los hechos referidos que son , para nosotros, dos de las noticias más importantes del año en el terreno de la memoria histórica, y su importancia es de carácter regional y latinoamericano porque si la derecha, con la anuencia del progresismo, logra re significar la historia reciente de modo tal que se acepte que hubieron dos bandos, que hubo guerra, no es difícil imaginar que  ello consolidará la impunidad en aquellos países como Colombia, Guatemala y Brasil donde por pactos o hegemonía militar, nada se ha investigado ni sancionado sobre los crímenes del estado (que son los únicos que pueden ser catalogados como delitos de lesa humanidad[4] y de modo inverso, si se consolida la tendencia que se abre paso en el ámbito judicial a superar la limitación cultural de no condenar por Genocidio, tal como manda el Convenio de prevención y sanción del delito de Genocidio aprobado en 1948 por el país y reglamentado en 1956, pero que de todos modos siempre debiera interpretarse como de auto ejecución como cualquier convenio internacional de preservación de derechos humanos (tal como lo sancionó la reforma constitucional de 1994),  podrían abrirse nuevas y nuevas puertas a la investigación judicial sobre los hechos que transformaron el país, y no solo por el extermino de una generación militante y generosa, sino por las transformaciones económicas, sociales y culturales que siguen siendo la raíz del país real, ese que de vez en cuando se asoma por debajo de lo público y conocido, causando desconcierto en los observadores que pretenden explicar el presente desde la cultura neoliberal de lo instantáneo y fugaz, cuando los fenómenos sociales sólo pueden ser aprehendidos en su complejidad, si se los piensa como el resultado de largos y contradictorios procesos humanos.

Hace unos años, la discusión sobre la aplicación de la figura de Genocidio fue tan fuerte que causó la ruptura de espacios colectivos construidos para accionar en los juicios de modo unificado. Hubo quienes desde el poder judicial, desde la prensa especializada y también desde el propio espacio de los que luchan contra la impunidad, acusaron a quienes proponíamos el uso de la figura de Genocidio hasta de ser “irresponsables promotores de nulidades fulminantes sobre los procesos judiciales”. 

El silencio del progresismo que accede a los medios no hegemónicos, ¿no tendrá que ver con la dificultad en reconocer que no hubo un solo juicio anulado por tal razón?; es más, que no hubo un solo día de demora por causa del pedido de calificación de Genocidio y que finalmente, hasta los más tenaces oponentes se avienen a pedir, al menos, la figura “en el marco de genocidio”.

Y el ocultamiento del debate (que primero fue “no debate” en el Parlamento, pero luego fue debate entre los compañeros que resisten la Teoría de los Dos Demonios), ¿no tendrá que ver con la imposibilidad de explicar el voto positivo o de abstención de grandes referentes del oficialismo y aún del progresismo opositor?

Que Clarín y sus acólitos escondan el avance de la calificación de Genocidio es absolutamente coherente con sus políticas y objetivos, en todo caso fueron ellos mismos quienes fogonearon la reapertura de la Causa Rucci e hicieron el escándalo mediático que hicieron para “reivindicar” el primer Prologo al Nunca Más, el escrito por Ernesto Sábato e inspirado por Antonio Troccoli, entonces Ministro de Interior de Raúl Alfonsín, y fulminar el escrito por Eduardo Luis Duhalde en el 2006, por su condena a la teoría de los Dos Demonios.

Es el silencio del progresismo el que venimos a cuestionar, puesto que es el que más influye en el campo de los que luchamos por la verdad, la memoria y la justicia. Y como aprendimos dolorosamente en la novena década del siglo pasado, el futuro no es indefectible ni ninguna conquista es irreversible, por lo que las concesiones en el terreno de la resignificación de la historia reciente, son amenazas reales a la memoria que supimos conseguir.