Los represores condenados Adolfo Donda Tigel, Oscar Rolón, Carlos Jurio, Carlos Guillermo Suárez Mason (h), no podrán estudiar en la Universidad de Buenos Aires (UBA), como tampoco podrá ninguno de los genocidas condenados que pretenda hacerlo en el futuro, gracias a la resolución unánime que dictó ayer el Consejo Superior de esa casa de estudios. La decisión fue tomada luego de que las facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales detectaran que los mencionados, condenados por delitos de lesa humanidad, habían solicitado inscribirse en el Programa UBA XXII de educación en cárceles, por lo que emitieron sendos dictámenes oponiéndose a las inscripciones. El caso fue tratado por una comisión ad hoc, integrada entre otros por la diputada nacional Adriana Puiggrós, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni y José Schulman, secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; y luego abordado por la Comisión de Interpretación y Reglamento de la UBA. Ambas se manifestaron en contra de la admisión.
«El debate que se abrió fue para demostrar la singularidad de la situación de los represores como detenidos, ellos no son presos comunes. Los delitos de lesa humanidad son excepcionales y el propio Estado establece esta singularidad, al declararlos imprescriptibles», señaló Schulman a Tiempo Argentino. A su vez, recordó a los «1400 estudiantes de la UBA que no están estudiando porque ellos los mataron, y ahora ese lugar vacío lo quieren ocupar sus asesinos».
La resolución fue tomada por el órgano académico integrado por el rector de la UBA, Rubén Hallú, los decanos de las facultades, representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes. «Es una clara expresión política de la Universidad», expresó Hallú. La Comisión de Interpretación y Reglamento entendió que si bien el propósito de la Universidad «no puede ser otro que permitir la libre discusión de ideas y la más amplia confrontación de concepciones del mundo», la particularidad del caso implica que «quienes aspiran a incorporarse a su comunidad universitaria, en la actualidad y desde siempre, defienden públicamente la tesis de una pretendida inexistencia, legitimidad o justificación de esos delitos de que fueran víctimas los propios miembros de su comunidad universitaria».
Juan Pablo Parchuc, director del Programa Extensión en Cárceles de Filosofía y Letras mencionó que «es un hecho histórico que pone a la universidad pública a la altura de las discusiones actuales sobre el rechazo al genocidio y las políticas por memoria verdad y justicia».
Donda, condenado a la pena de Prisión Perpetua por los delitos cometidos cuando integraba un grupo de tareas de la ESMA había pedido inscribirse en la carrera de abogacía, al igual que Jurio, condenado a 13 años de prisión por delitos de torturas seguida de muerte, y el ex policía federal Oscar Rolón, condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en los centros clandestinos del llamado circuito ABO. Suárez Mason, en cambio, intentó estudiar Sociología. «