Así como no hay violación de los derechos humanos que no tenga un discurso justificatorio, cada agravio a la condición humana agravia a la humanidad entera y deja rastros más que perceptibles en el tramado de la vida social.

Si bien es cierto que nadie  reivindicó el secuestro de Julio López, ni su justificación; ha habido en estos cinco años silencios que han sido discursos y discursos que han pretendido adjudicar a su secuestro una especie de “pago” que la sociedad ha debido hacer por avanzar en los juicios, asumiendo un signo fatalista para su pensamiento que generalmente rechazan en el análisis de otros asuntos.

A cinco años de su secuestro y desaparición forzada afirmamos rotundamente que el crimen pudo haberse evitado y que pudo haberse esclarecido. Jamás aceptaremos que la impunidad es fatal e inevitable; la lucha del movimiento de derechos humanos –en toda su diversidad y enorme amplitud- demostraron que no hay obstáculo que no se pueda remover si de conquistar Justicia se trata para las víctimas del Terrorismo de Estado u otros agravios del aparato estatal.

No hubo, ni hay, un plan de protección a los testigos, querellantes, abogados y demás fuerzas que intervienen en los juicios contra los genocidas (así lo acaba de afirmar –abril 2011- el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Américo Incalcaterra en un informe demoledor donde afirma:  Al momento de la desaparición de López «Argentina no estaba preparada», para hacer frente a esa situación. Además, el Estado no se encontraba en condiciones de proteger a la enorme cantidad de testigos de crímenes de lesa humanidad en ese entonces. «Sólo contaba con un pequeño plan nacional de protección de testigos de alto riesgo en casos de crimen organizado y tráfico de drogas», agrega el informe. Al año siguiente, Néstor Kirchner amplió el mandato del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados (PNPT) -que viene a funcionar como el padre del sistema- reconociendo el problema. Pero no lo solucionó.»La falta de coordinación entre las varias instituciones se ha documentado ampliamente», añade el informe. Es que en Argentina funcionan cuatro programas de protección (el PNPT, el PVJ, el PNNA y el CAVTE) con objetivos casi calcados que confunden a jueces y testigos que no saben a dónde y a quién recurrir en cada caso. Lo cierto es que al margen del revuelto de gramajo que significan los mandatos de estos programas, la mayoría de las personas entrevistadas considera que las medidas de protección «no son adecuadas para testigos en juicios de derechos humanos», dice el informe.[1]

Por nuestra parte quisiéramos traer al debate lo que planteamos al momento del asesinato de la compañera Silvia Suppo en marzo de 2010: “El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo “antipánico”, para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica….. El enfoque de “proteger los testigos” presupone convivir con la impunidad y pensar que con medidas técnicas, por otro lado imposibles de implementar masivamente dado el número de testigos que ya han testimoniado o han sido ofrecidos en los juicios orales realizados, en desarrollo o en preparación, se podrá resolver el problema”.

Se trata, agregamos ahora, de pensar la protección en forma integral y de un modo “tradicional”: quién puede estar interesado en impedir el desarrollo de los juicios?  y ejercer acciones preventivas sobre ese grupo de ex represores, civiles involucrados en el genocidio que temen ser imputados, grupos económicos favorecidos por el Terrorismo de Estado, etc.  No en balde, el único caso de amenazas esclarecido, el del accionar de La Hermandad de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, se resolvió investigando los posibles agresores, como manda el abc del manual de la investigación. Para ello, el gobierno debe superar el límite cultural que implica asimilar la impunidad estatal con la presunción de inocencia; como bien demostrara Mario Wainfield en el debate sobre Patti no son para nada valores similares: la presunción de inocencia es una garantía constitucional de los derechos humanos, la impunidad que gozan los perpetradores del genocidio es una acción estatal que busca proteger la violación de los derechos humanos y es por naturaleza, contraria a derecho como la decisión de la Sala II de Casación de sacar los Generales asesinos de la cárcel.  Bajo la fachada de la “normalidad” procesal se defiende la impunidad en todas sus formas, es hora de terminar con ella y encarar el proceso de los juicios desde una estrategia estatal unificada que garantice la continuidad del proceso hasta sus últimas consecuencias que no pueden ser otras que juzgar al Poder Económico y al Imperialismo Yanqui que lo organizaron y se beneficiaron de él.

Al momento de hablar de la desaparición de Julio López no todos nombran otra desaparición, ocurrida en aquellos días, y es justamente la del debate propuesto por el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata quien al atender que la normativa vigente no daba cuenta de lo realmente ocurrido y por ello considerar  los delitos cometidos por Etchecolatz “realizados en el marco de un genocidio”  proponía un debate sobre todos los temas atinentes a la tarea de juzgar, treinta y cinco años después, a un genocidio, tarea nunca antes acometida por tribunales nacionales en el país donde el genocidio se perpetró.

La falta de un debate en forma, la ausencia de una estrategia estatal unificada que de cuenta del “contrato social” de juzgar el Genocidio que reconoce el Dr.: Lorenzetti desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, han derivado en un proceso judicial que avanza a ciegas, enfrentando reiteradamente los mismos escollos, sometiendo a los testigos a la dura tarea de enfrentar sus represores con la palabra una y otra vez, sin salir de la fragmentación que la Justicia impuso a las causas por negarse a pensar el Terrorismo de Estado tal como este se cometió: centralizado y estructurado desde la Comandancia de los Cuerpos del Ejercito que organizaban zonas, áreas y centros clandestinos de exterminio.  Para no alargar, digamos que a pesar de todos los avances –que hemos celebrado más de una vez- a ocho años de la anulación de las leyes de la impunidad, solo hay tres fallos confirmados por la Corte Suprema, los otros catorce o quince, que afectan a unos doscientos veinte represores, esperan su turno en las sucesivas instancias donde los abogados defensores (muchos de ellos del Ministerio Público de Defensa o sea pagados por el Estado y a su orden) de los represores reiteran pedidos de nulidad con la complacencia de una parte del Poder Judicial, como se acaba de verificar en el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación que envió a sus confortables domicilios a los asesinos Generales Santiago Omar Riveros y Reinaldo Bignone.

Pero, acaso más que en la esfera judicial, los rastros de la desaparición de Julio López se verifican en la persistencia de una cultura represora que a fines del año pasado pasó por una seguidilla de crímenes: Mariano Ferreyra, los López de Formosa y las víctimas del Parque Indoamericano o que ahora mismo, se adivina en el horroso crimen de la niña Candelaria. La ilusión de que las Policías Bravas y los Servicios de Inteligencia, las Agencias estatales y privadas de seguridad, que han proliferado de una manera notable en el país (se dice que la cifra de empleados de las agencias privadas de seguridad se acerca a los cuatrocientos mil) se “auto limitarán” a sus sucios negocios si el Poder no los molesta, es eso: pura ilusión.

 

Si la impunidad para los crímenes del Terrorismo de Estado da cuenta de la persistencia en el tiempo de la matriz estructural de un modelo capitalista impuesto a sangre y fuego (que hoy se expresa en su costado “extractivista”: producción irracional de soja transgénica, extracción de petróleo, gas y minerales destinados a la exportación, etc.); la impunidad de la desaparición de Julio López da cuenta de todo lo que nos falta para conquistar una democracia verdadera; abrir el debate sobre los caminos para lograrla, entre todos los que se sienten convocados por los vientos independentistas que hoy recorren América Latina, es uno de los modos de recordarlo, homenajearlo y luchar por el juicio y castigo a sus desaparecedores, cómplices y encubridores.

Por la conquista de una democracia verdadera, donde el pueblo sea constructor de su liberación y se cumpla con la resolución de la Asamblea de 1813, aquella que ordenó terminar con la tortura, el esclavismo y los privilegios de casta

Por todos los derechos para todos

Sin López no hay Nunca Más!

 

CORRIENTES 1785- 2ºC (1042) Buenos Aires República Argentina

Tel./Fax:011-54-43713939

 

Asociación Civil fundada el 20 de diciembre de 1937.

Miembro fundador de la Federación Internacional por los Derechos del Hombre, organismo no gubernamental con asiento permanente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

y acreditado ante el Consejo de Europa.