Por delitos previos a la dictadura

Avanza la causa contra Martínez de Hoz y ACINDAR

Publicado el 5 de Marzo de 2011

Por Hernán Cocchi
Oyarbide recibió los detalles del operativo Serpiente Roja del Paraná. Buscan unificar las denuncias contra el ex ministro de Videla.
 

Mientras los juicios contra los represores de la última dictadura militar avanzan en todo el país, la justicia comienza a investigar el accionar de las empresas privadas que se beneficiaron con los crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante el gobierno militar. Papel Prensa y ACINDAR son la cabeza de playa de esta nueva etapa en el reclamo. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi aceptó remitir una denuncia contra el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, la ex vicepresidenta María Estela Martínez de Perón y la totalidad del directorio de ACINDAR a su par Norberto Oyarbide. Alberto Piccinini, Carlos Sosa, Juan Actis y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) pidieron en diciembre que se investigue el operativo represivo Serpiente Roja del Paraná, realizado en marzo de 1975 por fuerzas militares, policiales y parapoliciales. Según el escrito presentado por los abogados de la LADH y los dirigentes metalúrgicos de la localidad santafesina Villa Constitución, los principales ejecutivos de la siderúrgica fueron cómplices de asesinatos y torturas cometidos dentro de la empresa.
A pedido de los querellantes, el magistrado remitió la documentación a Oyarbide, quien tiene a su cargo la investigación sobre la Triple A y otra denuncia contra Martínez de Hoz (quien antes de asumir como ministro de Economía de Videla formaba parte del directorio de ACINDAR),  acusado del secuestro del empresario Federico Guttheim y su hijo Miguel, en 1976. El objetivo es integrar los expedientes e intentar que la justicia dictamine sobre el accionar terrorista del Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976 y su vinculación con los principales grupos de poder que luego apoyaron al gobierno militar. La denuncia fue anticipada por Tiempo Argentino el 29 de diciembre de 2010.
Los represores del Operativo Serpiente Roja del Paraná revistaban en la Policía Federal y la provincial, en el grupo paramilitar Guardia Rural, en la Prefectura Naval, en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en la Gendarmería, en el Ministerio de Bienestar Social, en la Triple A y en las tres armas. Para el entonces delegado Juan Actis, la represión fue “una prueba piloto” de lo que vendría un año más tarde.  <