Cada 24 de marzo es una oportunidad, y una exigencia, de pensar el balance de la lucha dada en procura de la vigencia de los derechos humanos. Sin lugar a dudas que este ha sido un año de grandes triunfos contra la impunidad de los que ejecutaron el plan sistemático con que se desplegó el Terrorismo de Estado en los 70 (comenzó con la Masacre de Ezeiza, siguió con la Triple A y se multiplicó con el Golpe de Estado).

Los juicios no solo traen una brizna de justicia, no solo constituyen un modo de reparación moral y ético para las víctimas directas, sus familiares y el conjunto de las fuerzas que lucharon por más de treinta años contra la impunidad, sino que golpean la legitimidad cultural de un bloque político/social/empresarial/internacional que estuvo en el Poder antes del Golpe, que lo impulsó, legitimó  y se benefició de él.

He ahí una de las razones más poderosas para el odio de los grandes medios, las embajadas imperiales, los grandes grupos económicos y sus intelectuales/políticos contra el proceso de cambios que se vive en la Argentina, más allá de las simplificaciones del tipo oficialismo/populista vs. oposición/republicana u otras construcciones simbólicas como las que pintan de un solo color al campo de los agredidos y cuentan una historia que excluye a buena parte de los que luchamos contra  el Golpe, contra la Dictadura y contra la impunidad todos estos años.

Una vez más afirmamos que valoramos los Juicios habidos, más allá de sus límites –que denunciamos y combatimos cotidianamente- porque son los juicios que todos juntos conquistamos, porque nadie nos regaló ni nos regalará nada y porque si llegamos hasta aquí, hasta el punto en que los supuestos vencedores (o al menos algunos de sus jefes principales) han sido condenados penalmente o están en el banquillo de los acusados, nos hemos ganado el derecho a nuevas batallas por la verdad, la memoria y la justicia; puntualmente desde la Liga nos concentraremos en juzgar a los empresarios como Alfredo Martínez de Hoz, Magnetto y quienes componían los directorios de la Ford, de Ledesma, de la Fiat, de la Mercedes Benz, del City Bank y todos los que entonces impulsaron la liquidación de los derechos laborales y sociales, la privatización de casi todo y gestaron una Deuda Externa, tan ilegitima y sangrienta como la dictadura que la contrajo.

Al ir por el juicio y castigo a los empresarios nos proponemos instalar en la agenda social una concepción de la reparación que no solo asuma el necesario castigo por los delitos cometidos contra los compañeros como seres humanos sino por el castigo por los delitos económicos sociales cometidos contra el conjunto del pueblo argentino: vamos por la recuperación de todo los que nos robaron durante la dictadura y su continuación putativa: el menemismo neoliberal.

Durante este año de luchas hemos vivido una paradoja en dos sentidos y direcciones: los que se creyeron vencedores contra el pueblo en un enfrentamiento desigual y cruel, están siendo juzgados en la más absoluta soledad política; pero la democracia que supuestamente vino para negarlos asumió muchos  de sus relatos y concepciones al momento de considerar las necesidades populares y las luchas por asumirlas como derechos que el Estado debe garantizar.

El asesinato de Mariano Ferreyra por una patota sindical protegida por la Policía Federal, los ataques salvajes de la Policía de Formosa contra la comunidad qom y la muerte de los López, la represión de la Policía Metropolitana y la Federal contra los ocupantes del Indoamericano, la persistencia de la tortura en las cárceles como denuncian los videos sobre la cárcel de Mendoza, la continuidad de la desaparición forzada de Julio López y Luciano Arruga y otras agresiones contra luchadores contra la impunidad y testigos en las causas contra el genocidio, el gatillo fácil y la complicidad con la trata de seres humanos, el trafico de drogas y los grandes delitos por parte de casi todas las policías del país, la vuelta de la Gendarmería a las rutas y la continuidad de la presencia militar argentina en la ocupación de Haití, las propuestas de bajar la edad para imputar penalmente a los niños,  son solo una parte de los hechos que confirman la vigencia de una cultura represora en las fuerzas de seguridad, en los medios de comunicación, y en no pocos legisladores, funcionarios y aún gobernantes municipales, provinciales y aún nacionales.

Rechazamos la lógica represora y afirmamos que donde hay una necesidad hay un derecho por lo que el Estado debe preocuparse por garantizar su acceso y no reprimir a quienes reclaman por su vigencia. Nos negamos a discutir “el mejor modo de reprimir” porque rechazamos todos los modos, incluidos los supuestamente democráticos o consensuados.

Creemos que la memoria debe iluminar el presente y estimular la lucha contra la impunidad de ayer y las acciones que genera una cultura represora que está en el fondo de las raíces del Terrorismo de Estado, que llegó a estas tierras con el Invasor Imperial Español y se potenció desde el Estado dando lugar  a un edificio jurídico represor al que hay que comenzar a desmontar anulando ya la Ley Antiterrorista basada en la misma lógica con que hoy el Imperialismo ataca militarmente Libia, como antes hizo con Afganistán e Irak, y antes lo había hecho con Granada, Panamá, Santo Domingo y la misma Operación Cóndor que agrupó a las dictaduras contra los pueblos.

Al luchar por todos los derechos para el pueblo argentino, nos sumamos a las luchas que hoy libran los pueblos latinoamericanos contra el intervencionismo yanquee, en apoyo de los procesos de cambios que desde Cuba a Bolivia hoy recorren, una vez más, el territorio de San Martín, Bolívar, Sandino, Allende y el Che.  El mismo territorio por el que caminaban nuestros hermanos desaparecidos, cuya lucha revive en los pueblos para ir a la victoria.